El Juzgado Segundo de Instrucción del Distrito Nacional lo condenó a tres años de prisión Miguelina Bello Segura, acusada de participar en la comercialización clandestina de municiones robadas a la Policía Nacional con ciudadanos haitianos, como parte de la llamada Operación Pandora, una investigación que ha dejado al descubierto presuntas irregularidades en el manejo de armas y pertrechos en custodia estatal.
La sentencia fue dictada luego de que la imputada llegara a un acuerdo con el Ministerio Público, mediante el cual admitió los hechos que se le atribuyen y se comprometió a colaborar con las autoridades en las investigaciones sobre la presunta estructura criminal responsable del desvío del material.
Según el expediente acusatorio, las municiones vendidas provenían de la Dirección de Armas de la Policía Nacional, organismo encargado de la custodia, administración y control de estos recursos.
El caso es parte de una investigación más amplia en la que el Ministerio Público estima que el supuesto esquema causó pérdidas al Estado dominicano por aproximadamente RD$92.2 millones.
Cumplirá 18 meses de arresto domiciliario
La sentencia, aprobada por la jueza Kenia Romero, contempla la suspensión condicional de la mitad de la pena impuesta a Bello Segura.
En consecuencia, el condenado deberá cumplir un año y seis meses de arresto domiciliario, mientras que el período restante estará sujeto al cumplimiento de las condiciones que establezca el tribunal.
Entre las normas de conducta impuestas se encuentran mantener el domicilio fijo y comunicar cualquier cambio de domicilio al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena.
Asimismo, tiene prohibido salir del territorio dominicano sin autorización judicial, portar armas de fuego y consumir bebidas alcohólicas de manera abusiva.
También deberá presentarse mensualmente a la autoridad correspondiente para garantizar la supervisión de las medidas judiciales.
La lectura completa de la sentencia quedó fijada para el próximo 5 de noviembre de 2026, a las 3:00 de la tarde, según información publicada por Diario Libre.
Las municiones bajo custodia policial terminaron en comercio clandestino
Uno de los aspectos centrales de la Operación Pandora es la presunta extracción irregular de miles de municiones, armas y otros pertrechos pertenecientes a la Policía Nacional.
Según la acusación, parte de estos materiales habrían salido de almacenes oficiales mediante maniobras irregulares que permitieron su posterior comercialización fuera de los canales autorizados.
En el caso de Bello Segura, el Ministerio Público le atribuye haber participado en la comercialización clandestina de municiones con ciudadanos haitianos, una de las líneas de investigación del expediente.
El origen policial del material constituye uno de los elementos más relevantes del proceso, debido a que los recursos estaban destinados a uso institucional y debieron permanecer sujetos a estrictos mecanismos de control.
Sin embargo, el monto de RD$92.2 millones corresponde al daño económico atribuido a toda la supuesta red y no exclusivamente a las operaciones atribuidas a Bello Segura.
El coronel y el capitán se encuentran entre los acusados.
En la investigación también participan agentes de la Policía Nacional que desempeñaban cargos relacionados con el manejo y custodia de armas.
Entre los imputados enviados a juicio de fondo se encuentra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exjefe de la Administración de Armas, así como el capitán Nelson Valdez, quien dirigió el Depósito de Armas, Municiones y Equipos de la Institución.
Ambos están acusados de su presunta vinculación con las irregularidades detectadas en la gestión de recursos.
En el auto de apertura de juicio también figuran Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
Para varios de los imputados, la prisión preventiva fue sustituida por una garantía financiera de RD$500 mil, a través de una compañía de seguros, además de la imposición de un impedimento de salida del país.
Estas medidas son parte del proceso judicial que continúa contra los demás imputados, quienes mantienen la presunción de inocencia hasta que se establezca su responsabilidad mediante sentencia firme.
Acusaciones de malversación y asociación de malhechores
El Ministerio Público sostiene que la presunta trama criminal causó al Estado dominicano un daño económico estimado en RD$92.2 millones, producto del robo y comercialización irregular de material perteneciente a la Policía Nacional.
Entre los delitos que se les atribuyen a los imputados se encuentran coalición de funcionarios, prevaricación, peculado y asociación de malhechores.
La acusación también contempla presuntas violaciones a la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Las autoridades investigan las responsabilidades individuales de los involucrados, así como los mecanismos que habrían permitido retirar y comercializar recursos bajo custodia institucional.
