El presidente Luis Abinader, como máxima autoridad del Gobierno, es quien tiene la autoridad y el deber de frenar las muertes de presuntos delincuentes en presuntos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional.
Así lo consideró el penalista Cándido Simón, quien recordó que, históricamente, las direcciones de la institución policial que han incurrido en esta práctica «han fracasado en el intento».
«Presidente, mire, dé la orden. Pare eso; pare eso», llamó el hombre togado al presidente, durante una entrevista en el programa El Despertador, del Grupo SIN, donde también pidió a la Fiscal General de la República, Yeni Berenice Reynoso, que investigue estos supuestos enfrentamientos entre civiles solicitados por la justicia y uniformados.
Simón dijo que un grupo de siete abogados presentaron una denuncia en las oficinas de Berenice Reynoso y del director general de Persecución, Wilson Camacho, para que tomen cartas en el asunto. Indicó que, hasta el momento, no han recibido respuestas de los jefes de la fiscalía respecto de la solicitud de los profesionales del derecho.
«Lo que pedimos que se hiciera es algo muy simple: ningún juez autoriza un lugar para matar. Hay nueve órdenes de aprehensión contra alguien. Pero, presidente (Luis Abinader), no se queje, quejese contra los que no lo arrestaron. Entonces, ¿para arrestarlo no lo encontraron pero para matarlo sí?» dijo Simón.
«La historia demuestra que matar delincuentes no reduce la delincuencia, porque si así fuera, entonces el Ministro de Salud Pública tendría que salir a matar mosquitos para extinguir la malaria. Se soluciona secando los pantanos y hay al menos dos pantanos criminales: los puntos de droga y los centros penitenciarios», añadió.
También señaló que aunque el número ha aumentado, el grupo de abogados documentó 27 muertes cuestionables ocurridas en presuntos intercambios de disparos, por lo que instó a las autoridades a detener la práctica que, a su juicio, no está contemplada en la ley.
