El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió al Gobierno esclarecer las muertes ocurridas durante las intervenciones policiales y garantizar las investigaciones sobre las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, advirtiendo que la seguridad ciudadana no puede anteponerse al derecho a la vida.
Al hablar en conferencia de prensa, el dirigente Temístocles Montás señaló que han constatado 55 muertes catalogadas como consecuencia de acciones policiales, mientras que la Organización Nacional de Derechos Humanos ha informado que más de 180 personas han perdido la vida en intervenciones de agentes del orden en los primeros meses del año.
Consideró especialmente preocupantes las acusaciones sobre personas que presuntamente fueron ejecutadas después de entregarse o quedar bajo control policial. Advirtió que de comprobarse estos hechos podrían constituir graves violaciones a derechos fundamentales y delitos sujetos a investigación y sanción.
La organización reconoció que los policías tienen la potestad de proteger sus vidas y la de terceros de amenazas reales e inminentes. Sin embargo, sostuvo que esa facultad no autoriza el uso letal de la fuerza contra personas que ya no representan un peligro inmediato.
Responsabilidad del Estado
La organización también señaló la responsabilidad política del presidente Luis Abinader en la supervisión de la política de seguridad ciudadana, recordando que el artículo 255 de la Constitución establece que la Policía Nacional es una institución bajo la autoridad del presidente.
José Dantes, líder del partido, señaló que en este contexto ve necesario determinar si las muertes reportadas responden a acciones individuales de algunos agentes, deficiencias estructurales de la institución o prácticas irregulares que podrían haber sido toleradas.
Sostuvo que la ausencia de una orden expresa para cometer ejecuciones no elimina posibles responsabilidades derivadas de la falta de supervisión, el incumplimiento del deber de prevenir actos ilícitos o la ausencia de sanciones.
Por ello, exigió al Gobierno responder públicamente si existe una política efectiva para prevenir ejecuciones extrajudiciales, y qué resultados concretos se han obtenido de las investigaciones sobre las muertes reportadas.
Derechos humanos
Dicen que deben cumplir la ley.
