Por: Sabine Manigat
Sociólogo, historiador y académico haitiano.
Brasil votó este 4 de octubre; India está alborotada por los resultados electorales controvertidos; Estados Unidos espera con nerviosismo sus elecciones “de mitad de período”; La República Dominicana ya se prepara para 2028… El planeta se mueve al ritmo de elecciones que movilizan periódicamente a los ciudadanos votantes en torno a opciones y ofertas políticas nacionales.
El acto electoral se ha convertido en el marcador de la democracia. Y, en el actual contexto de crisis del sistema neoliberal, en lo económico, pero cada vez más claramente en lo político, los pilares que definen lo que aún se define como democracia (votación, periodicidad, alternancia) también tiemblan. El ascenso no sólo de la extrema derecha sino sobre todo de sus métodos (chantajes, impugnaciones de la ley, amenazas a los candidatos…) son otros tantos ataques que muestran la erosión de esa democracia electoral.
La democracia está hoy en debate. Más allá de sus definiciones tradicionales o más innovadoras, hoy existe un cuestionamiento internacional sobre su contenido. El valor electoral parece moverse entre un Deber-Ser, que define, establece y califica los derechos electorales –algunos dirán participación electoral- y un Ser que traza en la realidad sus condiciones de posibilidad: legalidad, institucionalidad; pero también adhesión; y este último elemento bien podría indicar sus límites. Porque, de hecho, lo que cada vez más se señala como “desafección” de la ciudadanía hacia el ejercicio electoral se refiere sin duda a este problema.
Si la democracia electoral involucra al pueblo votante y al aparato público con sus respectivas responsabilidades y prerrogativas, los tres principales ataques que enfrenta son: la plutocracia, la propaganda y la violencia. Es decir, compra, adoctrinamiento e intimidación. La gran mayoría de los países del Sur global clasificados como democracias han sufrido al menos uno de estos ataques y hoy, intervenir en procesos electorales para amenazar, repudiar o apoyar abiertamente a un candidato o una corriente, son acciones que se perpetran sin pudor.
En tal contexto, ¿Hasta qué punto el voto electoral sigue expresando la voluntad popular? ¿Y la votación resume y condensa la práctica democrática? Haití, que, después de diez años de apagón electoral y colapso del aparato estatal, enfrenta el desafío de unas elecciones generales que deben concluir la transición y restablecer autoridades legítimas porque fueron elegidas constitucionalmente, no vive al margen de estas cuestiones. De hecho, éstas, entre otras cuestiones, han sido planteadas por algunos sectores políticos en Haití, en 1991, después de las elecciones de diciembre de 1990 que llevaron a Jean Bertrand Aristide a la presidencia. Sin embargo, siguieron 25 años de imposición y manipulación que invalidaron todos los ejercicios electorales posteriores, incluso el último (en 2016) fue producto de una repetición de las elecciones de 2015 que fueron invalidadas por un rechazo popular masivo, para ver los mismos resultados “confirmados” un año después.
Entonces, a pesar de una narrativa obstinada que busca reducir sus problemas, sus demandas, sus luchas a una película de terror, el pueblo de Haití plantea hoy preguntas difíciles pero inevitables a un sistema corroído que se presenta como y sigue siendo hasta la fecha la forma menos imperfecta de expresar demandas, aspiraciones y proyectos dentro de una sociedad. Paradójicamente, por su accidentado recorrido en materia electoral, por el fervor que puso en querer ejercer su derecho al voto, fervor quebrado por una masacre, innumerables fraudes y arrogantes intervenciones externas, el caso de Haití arroja varias lecciones que nos remontan al origen de la democracia representativa y sus bases: elección libre, aparato legitimado por leyes y reglamentos establecidos, respeto al voto popular. Estas premisas son inexistentes en el Haití actual, lo que invalida cualquier intento de imponer elecciones como todavía se discuten a pocas semanas de que expiren los plazos anunciados. Pero estas mismas premisas están siendo cuestionadas en la gran mayoría de los eventos electorales contemporáneos, lo que nos obliga a volver a cuestiones fundamentales: primero, en el campo de la democracia electoral, ¿cuál es el elemento que valida el proceso: el apoyo de los electores o la capacidad tributaria de las instituciones? La legitimidad política generalmente asociada con el ejercicio electoral surge de la respuesta a esta pregunta. En segundo lugar, ¿hasta qué punto los pactos políticos pueden legitimar poderes, decisiones y actos fuera del ejercicio de la democracia electoral? Estas cuestiones abarcan el debate sobre la legalidad, la credibilidad y la legitimidad: más allá de la validación de los ejercicios electorales, es el debate de hoy.
