Santo Domingo.- el jurista Ricardo Rojas León valoró la expansión de los delitos dirigidos a proteger bienes públicos en el nuevo código penalaunque advirtió que su aplicación plantea interrogantes que deben ser aclarados, especialmente en lo que respecta a la relación entre las distintas figuras de corrupción y las sanciones de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Al participar en el Panel I, “Transparencia y lucha contra la corrupción en los nuevos Código Penal«, del I Seminario Nacional ADOCCOcelebrada el 30 de septiembre en el Hotel cataluña santo domingoSostuvo que las nuevas regulaciones colocan al país en mejores condiciones para enfrentar conductas que afectan los recursos del Estado.
Este catálogo de delitos que buscan preservar (…) la buena gestión pública, el buen manejo de los recursos económicos del Estado, es un paso importante, un avance importante”, expresó.
Rojas León Explicó que la reforma preserva figuras tradicionales e incorpora nuevos delitos en respuesta a las distintas formas de defraudación de bienes públicos. En su presentación señaló que este fortalecimiento amplía las herramientas para proteger la administración pública y enfrentar prácticas contrarias a la transparencia.
La corrupción afecta directamente a los ciudadanos
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El jurista destacó que los efectos de la corrupción trascienden los daños económicos al Estado y recaen sobre el pueblo, particularmente cuando se desvían recursos destinados a servicios esenciales.
Cuando hablamos de corrupción a nivel global, existe la idea de que, cuando se comete un acto de corrupción, el sujeto pasivo es el ciudadano”, dijo al mencionar el impacto en los fondos destinados a salud y educación.
Asimismo, explicó que en actos de corrupción pueden intervenir tanto funcionarios como particulares, incluidos comerciantes y empresarios, por lo que el análisis de estas conductas debe considerar la participación de quienes actúan desde fuera de la administración pública.
Entre las figuras abordadas destacó el tráfico de influencias, al que calificó como una práctica arraigada en República Dominicana. Indicó que utilizar la condición de funcionario para buscar beneficios para terceros afecta la transparencia y honestidad de la gestión pública, aún cuando esos beneficios no sean materiales.
Plantea dudas sobre interpretación y sanciones
Rojas León Llamó la atención sobre el alcance de la transversalidad de la corrupción contemplada en el artículo 284. Según él, habrá que discutir cómo se relaciona esta disposición con los delitos especiales y si la imputación de alguno de ellos debe ir acompañada también de la figura general de corrupción.
En algún momento habrá que discutir qué quiso decir el legislador con transversal”, afirmó.
También sostuvo que, según su lectura de la normativa, no todos los delitos de corrupción conllevan la inhabilitación para ejercer cargos públicos, diferencia que consideró necesario examinar al analizar el conjunto de sanciones.
El orador también destacó la importancia de que los funcionarios conozcan el alcance de las nuevas disposiciones. Explicó que muchas de estas figuras contemplan diversas conductas a través de las cuales se puede configurar el delito, lo que requiere atención a su contenido y aplicación.
Durante su intervención recordó su participación, junto a otros profesores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en las discusiones sobre reforma penal desde alrededor de 2011.
El panel formó parte del seminario organizado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) analizar el impacto del nuevo Código Penal en la transparencia, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción.
