El Poder Ejecutivo ya tiene en sus manos el nuevo proyecto de ley contra los monopolios, que endurece las sanciones por prácticas anticompetitivas y busca llenar los vacíos de la legislación actual.
Se trata del proyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, que moderniza el marco jurídico para la defensa de la competencia y reemplaza la Ley 42-08. La propuesta consta de 117 artículos distribuidos en 11 títulos.
La información fue ofrecida por la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, durante su participación en el Encuentro Económico HOY, quien precisó que la pieza surge de recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Destacó que el nuevo marco legal fortalecerá la defensa de la competencia, protegerá a los consumidores y promoverá mercados más eficientes y justos en el país.
Indicó que el proyecto establece un sistema de control previo de fusiones y adquisiciones para prevenir la formación de monopolios y proteger la competencia.
Explicó que la pieza incorpora el control de las concentraciones económicas, uno de los grandes vacíos de la Ley 42-08, ya que República Dominicana no cuenta con un mecanismo general para regularlas. Este vacío genera inseguridad jurídica y falta de confianza.
El proyecto de ley establece el programa de clemencia, que es un mecanismo que permite a los participantes de los cárteles denunciar prácticas anticompetitivas a cambio de una exención total o una reducción significativa de las sanciones.
También señala que las personas naturales -directores, representantes, cómplices o encubridores- son personalmente responsables de las infracciones, sin que la multa que se les imponga pueda ser cubierta o garantizada por la sociedad o el grupo económico relacionado.
“El proyecto propone un umbral según el cual las operaciones que superen los RD$200 millones serían las que serían revisadas por la autoridad de competencia”, dijo.
Manifestó que en el país se realizan operaciones transfronterizas que tienen un impacto importante en el mercado dominicano.
“Si realmente queremos como país duplicar el producto interno bruto (PIB) de República Dominicana, esta reforma y, dentro de ella, el control de la concentración son fundamentales para generar confianza”, afirmó.
Señaló que actualmente las multas contempladas en la normativa se calculan en salarios mínimos del sector al que corresponden, pero que en el proyecto de ley serían un porcentaje de las ganancias que recibió la empresa infractora el año anterior.
Recordó que la sanción máxima que puede imponer ProCompetencia en este momento es de unos RD$46 millones.
El porcentaje de los ingresos del año anterior es el parámetro internacional, de acuerdo con las mejores prácticas, afirmó.
La pieza incorpora, por ejemplo, la figura del consejero instructor, de suma importancia para garantizar la neutralidad e imparcialidad que debe prevalecer cuando se conoce el fondo de un proceso.
La presidenta de ProCompetencia dijo que espera que la iniciativa sea pronto llevada al Congreso y aprobada, porque es necesario que República Dominicana cuente con las herramientas para garantizar mercados competitivos, así como seguridad jurídica y previsibilidad.
El nuevo proyecto de ley contempla que ProCompetencia sea quien conozca todos los temas de competencia, asumiendo la primera de las recomendaciones de la OCDE. Se quejó de que actualmente “tenemos plazos de prescripción y caducidad muy cortos”.
