El costo de vivienda está llevando a tres de cada cuatro personas en América Latina y el Caribe a reducir otros gastos, utilizar sus ahorros o aceptar empleos adicionales, según un estudio del ONG Hábitat para la Humanidad.
El investigación ‘Una vivienda, pero ¿a qué precio?’, proporcionado a EFE, añade que en América Latina y el Caribe se suman otras complicaciones, como la informalidad laboral, el déficit habitacional cualitativo y las dificultades para acceder a financiación.
El estudio, que en su versión global recoge las experiencias de 30.758 personas en 22 países, señala que el 75% de los encuestados redujo al menos un gasto durante el último año para cubrir los gastos de vivienda: el 33% recortó gastos en alimentación, el 32% utilizó ahorros o fondos de emergencia y el 13% retrasó o evitó la atención médica.
En América Latina y el Caribe el problema se desarrolla a partir de una estructura habitacional marcada por el déficit.
Según el vicepresidente del Área de Hábitat para la Humanidad, Ernesto Castro, afecta a más del 40% de la población, mientras que unos 120 millones de personas viven en asentamientos informales y más del 78% de la población económicamente activa trabaja de manera informal.
«Las familias no tienen recursos para acceder a una vivienda o muchas veces a un alquiler y, debido a la altísima informalidad, no pueden acceder a financiación. Entonces, esto se convierte en una doble exclusión», explica Castro a Efe.
La presión, según el estudio, alcanza las decisiones de largo plazo: el 56% de los encuestados en esos países dice que los costos de la vivienda dificultan considerar la posibilidad de formar una familia, porcentaje que se eleva al 62% entre la Generación Z y los millennials.
Castro también señala que el déficit habitacional latinoamericano es principalmente cualitativo, relacionado con los materiales de la vivienda y el acceso a servicios básicos, y también destacó la asequibilidad, la ubicación urbana, la vulnerabilidad climática y la debilidad institucional como otras brechas que agravan el problema.
Más del 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en zonas urbanas o periurbanas, según Castro, lo que significa que el aumento de los precios de la vivienda en las ciudades empuja a muchas familias hacia zonas periféricas, alejadas de sus trabajos y obligadas a asumir mayores costos y tiempos de transporte.
Entre 2000 y 2022, unos 190 millones de personas en la región se vieron afectadas por desastres, añadió el vicepresidente para América Latina de Hábitat para la Humanidad.
La investigación latinoamericana, realizada en Argentina, Barbados, Brasil, Guatemala, México y Trinidad y Tobago, También muestra que el 74% considera que muchas personas viven en edificios que no son seguros y que el 18% afirma que su vivienda no les protege adecuadamente del calor, el frío o las inundaciones.
Para Castro, parte del problema radica en el diseño de las políticas públicas, ya que hay hogares que superan los límites para acceder a los subsidios pero cuyos ingresos aún son insuficientes para obtener financiamiento formal.
En ese caso, el experto propone revisar estos criterios y considerar los ingresos familiares independientemente de si provienen de empleos formales o informales.
