Santo Domingo.- La jueza Deiby Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, intentará iniciar este lunes la audiencia preliminar contra los implicados en la red de corrupción convocada Caso Lobocompuesto por militares y civiles acusados de distribuir sobornos por más de RD$108 millones a cambio de contratos de seguridad privada en diversas instituciones públicas.
La audiencia preliminar inicia tras la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, en la que Se solicita que el imputado sea enviado a juicio sobre el fondo, entre quienes se encuentran el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exjefe de Seguridad de Edenorte Dominicana.
Entre los militares y miembros de cuerpos militares identificados en el expediente se encuentran:
Carlos Ambrosio Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército y exdirector de seguridad de EdeSur; Andrés Pacheco Varela, coronel y ex oficial de seguridad de Edenorte Dominicana, SA; Luis Ernesto Vicioso Bocio, coronel y exdirector de seguridad de EdeEste; Francisco Guarín Fernández Vásquez, coronel y exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
Elías Caamaño Pérez, coronel y excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa); Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, coronel de la Fuerza Aérea; Wellington Peralta Santos, primer teniente del Ejército y ex asistente del oficial de seguridad del Inaipi; Ramón Quezada Ortiz, coronel de la Policía Nacional y miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
Atribución a personas jurídicas
Además de las personas naturales, la acusación abarca a las empresas Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) y El Niño Prodigio EIRL, vinculadas a Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como a Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, asociadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Mecanismo de investigación y soborno
El expediente elaborado por la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Fiscalía establece que Los sobornos ascienden exactamente a RD$108,080,359.92. Según el organismo acusador, estos pagos fueron exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional para garantizar la adjudicación y permanencia de los contratos.
La investigación se originó a partir de una denuncia enviada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig). Las investigaciones determinaron que la empresa Senase, entre los periodos 2012-2020 y 2020-2025, realizó pagos mediante transferencias bancarias y entregas de efectivo a los funcionarios involucrados.
El pasado 6 de septiembre, la jueza Deiby Peguero pospuso para esta fecha el inicio de la audiencia preliminar, sesión en la que el Ministerio Público confirmó que está listo para presentar el caso.
