Santo Domingo.- El Gobierno de Nicaragua, encabezado por el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, anunció su salida inmediata del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en un momento en que la presión regional está aumentando para que Managua restablezca las libertades públicas, libere a los presos políticos y abra una vez más el camino a elecciones libres y competitivas.
La decisión fue comunicada el sábado 3 de octubre por la Cancillería de Nicaragua, que notificó la denuncia del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otros Órganos Políticos a la Junta Directiva del organismo regional.
La Cancillería de Nicaragua justificó la medida como parte del “pleno ejercicio de su soberanía” y también notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, país depositario del tratado, para comunicar la decisión a los demás Estados miembros.
El tratado constitutivo del PARLACEN fue firmado en Guatemala el 2 de octubre de 1987 y la organización inició sus actividades en 1991 como una instancia de representación y debate político dentro del proceso de integración centroamericana.
República Dominicana endurece su posición
La salida de Nicaragua del PARLACEN se produce en un contexto de creciente aislamiento regional y apenas un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptara una resolución que exige el restablecimiento de las libertades públicas y las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas.
La República Dominicana ha asumido una posición particularmente activa frente a la situación nicaragüense.
Durante la reunión de Cancilleres de la OEA celebrada el pasado 2 de octubre en Washington, el Ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó, anunció la decisión del Gobierno de retirar la Embajada Dominicana en Nicaragua mientras persistan las condiciones que afectan el ejercicio de las libertades y principios democráticos.
Bisonó explicó que la medida responde a la política exterior definida por el presidente Luis Abinader, basada, entre otros principios, en la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos. El canciller también sostuvo que la respuesta regional debe trascender los pronunciamientos y traducirse en acciones concretas.
La decisión representa una nueva etapa en la posición que viene adoptando Santo Domingo hacia Managua.
El 22 de julio, el Gobierno dominicano condenó “en los términos más enérgicos” las declaraciones de Ortega de que no se volverían a celebrar elecciones en Nicaragua. La República Dominicana consideró que tal posición ignoraba principios esenciales de la democracia representativa y el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, transparentes y plurales.
En aquella oportunidad, Santo Domingo sostuvo que ningún gobierno puede arrogarse el derecho de privar a una sociedad de expresar periódicamente su voluntad a través del voto o cerrar unilateralmente el proceso electoral como mecanismo de alternancia en el poder.
Los pronunciamientos de Abinader
El propio presidente Abinader ha elevado el tono de sus declaraciones sobre Nicaragua.
Durante un reciente discurso en Nueva York, al recibir la Insignia de Oro de la Americas Society, Abinader recordó su rechazo al anuncio de Managua sobre la eliminación de elecciones y partidos políticos y afirmó que situaciones de esta naturaleza “no deben permitirse en nuestra América Latina”.
El presidente también defendió la necesidad de que la comunidad internacional apoye a las personas cuyos mecanismos democráticos han sido cerrados. “Tenemos que seguir luchando por la democracia y por ese pueblo”, expresó.
La posición respecto de Nicaragua es parte del enfoque más amplio de Abinader hacia la alternancia democrática. Al inicio de su segundo mandato en agosto de 2024, el presidente dominicano impulsó una reforma constitucional destinada a evitar que futuros gobernantes permanecieran en el poder más allá de los límites establecidos constitucionalmente.
La resolución de la OEA
La decisión de Nicaragua de salir del PARLACEN se produce inmediatamente después de la resolución adoptada por la OEA el pasado 2 de octubre, que establece una serie de medidas que debería adoptar el Gobierno de Managua para restablecer las condiciones democráticas.
Estos incluyen la liberación incondicional de personas detenidas por motivos políticos y el esclarecimiento del paradero y situación de quienes han sido denunciados como víctimas de desaparición forzada.
La resolución también exige la restitución de la nacionalidad y los derechos correspondientes a quienes fueron privados de ella, así como garantías para que puedan regresar voluntariamente a Nicaragua sin temor a represalias.
La organización hemisférica también llamó a restaurar las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, así como los derechos de los medios independientes, organizaciones de la sociedad civil, universidades y otras entidades afectadas por decisiones gubernamentales.
La OEA también propone recuperar la independencia institucional, la separación de poderes y el pluralismo político, además de crear condiciones para una administración electoral independiente, restaurar los derechos políticos y permitir una observación internacional creíble como parte de cualquier proceso electoral futuro.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, explicó que la resolución establece medidas “inmediatas, concretas y verificables” y crea un mecanismo diplomático para evaluar avances y determinar nuevas acciones, con el propósito de que los nicaragüenses puedan decidir su futuro a través de instituciones democráticas y elecciones libres, justas e inclusivas.
