Wendy Esther Morán Ortega/Latinoamérica21
El 1 de julio de 2026, el gobierno estadounidense anunció su decisión de no renovar automáticamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), reemplazándolo por revisiones anuales hasta 2036. Ante la posible terminación del acuerdo y el resurgimiento de las políticas industriales a nivel global, México se ve obligado a redefinir la arquitectura institucional del país y responder preguntas fundamentales: ¿Qué papel quiere ocupar México en la economía mundial? ¿Con qué industrias competirá? ¿Quiénes serán sus aliados y qué papel jugarán el Estado y las empresas privadas?
Para responder a estas preguntas, el gobierno federal ha impulsado el «Plan México» como un plan de desarrollo que integra algunos elementos de la industrialización, enfocado en la sustitución de importaciones y el aumento del valor y la oferta local en las exportaciones en sectores estratégicos como el de semiconductores, farmacéutico, automotriz y aeroespacial. Un análisis detallado del plan revela que sus objetivos en el área de semiconductores refuerzan la actual inserción dependiente de la economía mexicana hacia Estados Unidos, reforzando el papel de una industria manufacturera y ensamblador con actividades de baja productividad. Al mismo tiempo, permite vislumbrar una estrategia -información- que busca trasladar la cadena de suministro de chips de Asia al continente americano, posicionando a América Latina como un eje fundamental.
La reconfiguración de la cadena de suministro de semiconductores no puede entenderse sin considerar la disputa por el liderazgo tecnológico entre EE.UU. y China. Siguiendo la política del presidente Donald Trump de contener los avances de las tecnologías chinas, en 2022 el expresidente Joe Biden firmó la Ley CHIPS y CIENCIA, que tenía la función de incentivar la producción de semiconductores en EE.UU., al tiempo que limitaba la transferencia de tecnología y know-how a China.
El resultado de la Ley CHIPS fue la iniciativa desarrollada por el Departamento de Estado de Estados Unidos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar las actividades de Ensamblaje, Pruebas y Empaquetado (ATP) de semiconductores en México, Panamá y Costa Rica a través del Fondo Internacional de Seguridad e Innovación Tecnológica.
Con el Plan México, el Gobierno mexicano reafirmó su objetivo de impulsar la deslocalización de 10 mil millones de dólares en operaciones de ATP y conseguir la inversión del productor de más del 30% de ATP. Sin embargo, contrariamente a su deseo de aumentar el valor de sus exportaciones, las actividades de ATP son la parte de la cadena de suministro de semiconductores con menor valor agregado. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores, representan sólo el 6% del valor añadido de la cadena de suministro. En comparación, diversas fuentes estiman que la I+D y la fabricación de obleas concentran entre el 50-58% y el 24-36% del valor añadido, respectivamente.
Según la OCDE, las actividades ATP generalmente tienen márgenes de ganancia más bajos y requieren más mano de obra, en comparación con la producción y el diseño de semiconductores porque el diseño requiere más investigación (I+D), mientras que la fabricación requiere una gran inversión de capital.
La cadena de suministro de semiconductores presenta una doble concentración: tanto a nivel nacional como corporativo. Esta estructura es intrínsecamente sensible a las tensiones geopolíticas. Si bien la mayoría de las actividades de I+D se concentran en Estados Unidos (con empresas como Apple, Intel y Nvidia), las actividades de ensamblaje, prueba y empaquetado (ATP) se distribuyen en China, Taiwán, Malasia, Vietnam y Filipinas. Finalmente, la producción de semiconductores de vanguardia se encuentra en Taiwán (a través de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., TSMC). Gracias a su importancia estratégica en la industria, Taiwán ha logrado disuadir las amenazas territoriales de China y asegurarse el apoyo de Estados Unidos y sus aliados.
La reubicación de la cadena de suministro alcanzó un hito emblemático en 2025, cuando EE.UU. acordó con TSMC invertir más de 165.000 millones de dólares para establecer fábricas de semiconductores e instalaciones de ATP de última generación en suelo estadounidense. Con este acuerdo, la cadena se reorganiza para localizar el diseño y producción de semiconductores en Estados Unidos, mientras que parte de las actividades de ATP se concentran en México, Panamá y Costa Rica. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense parece estar planeando la venta de recursos naturales, como tierras raras, en países como Colombia, con el fin de garantizar el suministro necesario para la fabricación de chips.
Este marco regional brinda los elementos necesarios para intuir el cambio en la cadena de suministro de semiconductores, donde América Latina juega un papel esencial. Por eso, para EE.UU. la relación con los gobiernos latinoamericanos y el control de sus recursos se revela como una cuestión de seguridad nacional. Sin embargo, para las naciones de la región, trascender el rol de mero ensamblador y evitar una
La nueva dependencia disfrazada de reindustrialización es esencial para evitar el estancamiento productivo, la exclusión social y la fragilidad institucional, como lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al identificarlas como trampas del desarrollo.
