La criminalidad en nuestro país ha acompañado nuestra historia desde hace varias décadas. Su persistencia está vinculada al fracaso de la estrategia dominante de “mano de hierro” en la intervención estatal. Es un enfoque basado en acciones de “ejecución” por parte de la Policía Nacional, viola el debido proceso y no ha reducido la criminalidad.
Diversos análisis de la región como: los estudios comparativos de Flacso Chile (Dammert, Cutrona, Malone, Rosen, 2024) y el artículo publicado en Global Crime (Cutrona, Malone, Dammert, Rosen, 2026), coinciden en que “la mano dura” es el mayor fracaso de las políticas criminales en diferentes países, incluido el nuestro. Décadas de aplicación demuestran que no funciona y provoca efectos contraproducentes.
La mano dura no interviene en las causas estructurales del delito. Se limita a eliminar físicamente a quienes “se supone” que cometen delitos, sin afectar sus causas como: pobreza, exclusión, corrupción, impunidad y otras. El crimen se reproduce y sus actores visibles desaparecen.
Esta estrategia niega la prevención y reemplaza las políticas sociales con castigo y represión, profundizando la desigualdad. Debilita el sistema de justicia para prevenir y perseguir el delito, normaliza prácticas extralegales y erosiona la confianza de los ciudadanos en el Estado.
Otro efecto es la personalización del delito. La mano dura construye la figura del “criminal” como un sujeto aislado, sin redes, impidiendo que la criminalidad sea identificada como un fenómeno estructural. Los principales protagonistas que viven y operan fuera de los barrios, vinculados a las estructuras de poder, se vuelven así invisibles.
Estudios de Flacso (2026) indican que el puño de hierro erosiona la democracia, debilita los derechos civiles y justifica los abusos policiales. A esto se suma un fenómeno especialmente preocupante: el aumento de la violencia social. Cuando el Estado utiliza la violencia de manera indiscriminada, legitima su uso entre los ciudadanos. La observación diaria de policías asesinando y maltratando a jóvenes de los barrios de niños y adolescentes induce al aprendizaje de la violencia como símbolo de autoridad y respeto social.
La mano dura también se sustenta en percepciones de inseguridad que no siempre se corresponden con indicadores reales, lo que conduce a decisiones de política pública descontextualizadas e ineficaces.
Estudios comparados en la región muestran que la mano dura no reduce la criminalidad ni desmantela las estructuras criminales. Por el contrario, las ejecuciones extrajudiciales generan más impunidad, desconfianza y violencia, sin tocar la raíz del problema.
Si existe una verdadera voluntad política para enfrentar la criminalidad, es fundamental abandonar la mano dura y adoptar políticas de seguridad ciudadana que intervengan en las causas reales del fenómeno, reconociendo su carácter estructural y sistémico, así como sus vínculos con la corrupción y la impunidad.
