Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) logró el efecto contrario al que pretendía lograr al realizar una consulta entre militantes y ajenos al partido para elegir anticipadamente un candidato presidencial.
Es decir, en lugar de unirse y fortalecerse, al menos por el momento parecen divididos y debilitados.
Este miércoles la Comisión Organizadora de la Consulta (Conap) notificado de la suspensión de la referida consulta y que el partido cumpliría con los plazos legales.
Lo hicieron argumentando que se trataba de un boicot sin precedentes a una organización política cuyo propósito era consultar a su base de militantes, así como a la ciudadanía en momentos en que, según expresaron, faltan ejercicios democráticos similares.
Interferencias en la consulta desde el principio
La teoría en torno a la consulta fue hermosa e incluso convincente. Querían postularse con un candidato unificado mucho antes del inicio de la campaña para poder competir en “igualdad de condiciones” con el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus archirrivales de la Fuerza del Pueblo (FP).
La cuestión es que esta estrategia no era nueva. Lo habían probado en el proceso anterior y no funcionó. Abel Martínez apenas logró el 10% de los votos, aunque se presentó con mucha antelación y con el partido parcialmente unificado en torno a su candidatura.
Pero ahora, ahora tuvieron la oposición de la JCE (que en su momento validó la realización de la consulta 2022 luego de rechazarla públicamente) desde afuera y directa o indirectamente sus propios candidatos presidenciales.
Realizar dicha consulta en estas condiciones restaría legitimidad al proceso y obligaría al PLD a realizar un segundo proceso de selección dentro de los tiempos legales más allá de la simplicidad que propone la Ley para la selección de candidatos como encuestas y convenciones de delegados.
Primeras oposiciones a consulta del PLD
Cuando el PLD inició su proceso de reorganización interna y durante una visita al Almuerzo del Grupo de Comunicaciones de Corripio, les preguntaron si repetirían la idea de realizar una consulta y, en ese momento, dijeron que no.
Las cosas cambiaron. Una decisión del Comité Político que luego fue avalada por el Comité Central en febrero de 2026 fijó como fecha límite el 3 de abril de ese mismo año para que los candidatos presidenciales informaran su intención.
Sorpresa. El único que se registró fue Francisco Javier García. Lo hizo el 21 de marzo de ese mismo año acompañado de una numerosa delegación de dirigentes peledeístas e incluso invitó a sus competidores a hacer lo propio.
Ante la negativa de los demás postulantes a registrarse formalmente, la Comisión Organizadora de la Consulta (Conap) comenzó a reunirse con ellos de manera individual. Lo hicieron con Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito, pero también con Margarita Cedeño y Juan Ariel Jiménez.
Este último envió una carta al Comité Político advirtiendo que realizar dicho proceso al margen de la Ley enviaría una mala señal a la ciudadanía, sobre todo, porque se trataba de una ley impulsada por el propio PLD.
En su carta propuso la creación de un frente de oposición junto con todos los candidatos presidenciales.
Posteriormente, Francisco Domínguez Brito también mostró rechazo, aunque de forma indirecta. Su equipo consultó a la JCE y la organización respondió advirtiendo que la consulta era un proceso irregular.
Oposición externa
A estas crisis internas se sumaron elementos externos. Entre ellos el fallo del Tribunal Superior Electoral 0011/2025 que anuló el acta inicial del Comité Político, luego cerca de tres expedientes más fueron conocido por el mismo alto tribunal que en esencia pidió suspender todo el proceso.
También la decisión de la JCE de no proporcionar la cantidad de equipos necesarios para implementar la votación automatizada en el proceso, así como la imposibilidad de utilizar centros educativos públicos para la realización del evento.
Lo último fueron las discrepancias en torno al padrón electoral que fue duramente cuestionado por Francisco Javier García. Insistió en que 523.000 electores fueron excluidos, aunque la comisión respondió afirmando que se trataba de personas que estaban registradas en otros partidos políticos.
