El Poder Ejecutivo emitió el decreto 672-26, medida impulsada por el presidente Luis Abinader que instruye a las instituciones públicas a centrar exclusivamente sus adquisiciones de programas sociales, alivio de la pobreza, alimentos, vestimenta, útiles escolares y salud en las micro, pequeñas y medianas industrias (MIPYMES) del sector industrial nacional.
Este reglamento se basa en lo dispuesto en la Ley núm. 47-25 del Reglamento de Contrataciones Públicas y su respectivo Reglamento (Decreto N° 52-26), buscando dinamizar la economía local, fortalecer la producción nacional y promover la creación de empleos.
Implicaciones y ejes claves de la normativa
Exclusividad para la industria nacional: Las compras públicas de programas especiales se destinarán obligatoriamente a la adquisición de bienes y servicios de origen y fabricación dominicana, prohibiéndose cualquier intermediación no autorizada.
Impacto en instituciones sociales clave: la disposición vincula directamente a las agencias estataleso enfocados en asistencia y protección sectorial, como el Ministerio de Educación (MINERD), INABIE, el SNS, el Gabinete de Políticas Sociales (Supérate), PROMESE-CAL, así como los Ministerios de Defensa y Vivienda (MIVHED).
Requisitos y acreditación formal: Las empresas interesadas deberán cumplir con tres acreditaciones imprescindibles: poseer el Registro Industrial de PROINDUSTRIA, contar con la Certificación MiPyME (o MiPyME Mujeres) del MICM y estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Gobernanza y control: Se establece una Mesa de Articulación Interintegrada entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para coordinar la oferta productiva local y monitorear el cumplimiento del lineamiento.
