La geografía de República Dominicana está atravesada por una densa red hidrográfica conformada por importantes cuencas fluviales que nacen en el corazón de su sistema montañoso central y suministran agua dulce para consumo humano, agricultura y generación de energía.
Entre los principales ríos destaca el Yaque del Norte, el más largo del país y arteria vital para el desarrollo agrícola de la Línea Noroeste; el yaque del suresencial para el riego en la región enriquecida del sur profundo; el Yuna, que drena el fértil valle del Cibao hacia la Bahía de Samaná; y el Ozama, que baña la capital y tiene un profundo significado histórico y comercial.
Sur Futuro y el Servicio Geológico Francés inician un estudio de aguas subterráneas en la cuenca del Yaque del Sur
Sin embargo, estos vitales cuerpos de agua están experimentando actualmente una crisis ambiental sin precedentes debido a la presión antropogénica descontrolada y la falta de políticas de saneamiento sostenibles.
La deforestación masiva en las zonas altas de las cordilleras –causada por la agricultura migratoria, la quema de carbón y la ganadería extensiva– ha reducido drásticamente la capacidad de infiltración y recarga de los acuíferos, disminuyendo de manera alarmante el caudal histórico de los principales afluentes en épocas de sequía.
El problema de la contaminación urbana e industrial constituye otra amenaza que asfixian los ecosistemas fluviales del país, especialmente en cuencas que pasan por grandes concentraciones demográficas.
El río Ozama este miércoles. Foto | José de León.
Ríos como el Ozama e Isabela reciben diariamente millones de galones de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento previo, además de toneladas de desechos sólidos, plásticos y desechos tóxicos vertidos irresponsablemente por comunidades que carecen de servicios básicos de recolección de basura.
Esta carga contaminante ha convertido tramos enteros de estos ríos en zonas ecológicamente muertas. A los desafíos de la contaminación y la deforestación se suma la extracción ilegal e indiscriminada de agregados para la construcción, como arena, grava y piedras, directamente de los lechos de los ríos.
Esta práctica destructiva altera la morfología natural de los canales, destruye los hábitats de la fauna acuática, provoca una severa erosión de las orillas y aumenta exponencialmente el riesgo de inundaciones catastróficas y desbordamientos durante eventos climáticos extremos como tormentas y huracanes.
Las consecuencias de este deterioro ambiental sistémico impactan directamente la seguridad hídrica y alimentaria de la nación, amenazando el suministro de acueductos urbanos y la productividad de los principales distritos de riego agrícola.
La disminución en la calidad y cantidad del agua disponible encendió las alarmas entre los especialistas ambientales, quienes advierten que el país se encamina hacia un escenario de estrés hídrico crónico si no se implementan medidas drásticas para proteger y reforestar las cuencas prioritarias.
Proteger los ríos dominicanos requiere de una vigorosa intervención estatal que combine la aplicación estricta del marco legal ambiental, el cese de la extracción minera fluvial y la construcción masiva de plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el territorio nacional.
Asimismo, es imperativo promover la educación ambiental ciudadana para concientizar sobre el valor estratégico de cada gota de agua dulce. Salvar los afluentes del país es una condición esencial para garantizar la viabilidad ecológica y económica de las futuras generaciones dominicanas.
