Xavier Rodríguez Franco/Latinoamérica21
Marco Rubio completó recientemente una gira relámpago por Sudamérica en Lima, con paradas previas en Bogotá y Quito.— formalizar la incorporación de Perú al “Escudo de las Américas”, la coalición de seguridad regional promovida por Washington contra el narcotráfico y el crimen organizado. Es una fotografía que representa un nuevo alineamiento hemisférico: la presidenta conservadora Keiko Fujimori, pocas semanas después de asumir el poder, sellando su primer gran acuerdo internacional con Estados Unidos.
Pero detrás de la foto hay dos cifras que conviene tener en cuenta. El primero: Fujimori ganó la presidencia por sólo 49.641 votos, uno de los márgenes más estrechos en la historia electoral peruana. La segunda: quince de los diecinueve ministros de su gabinete tienen investigaciones, procesos previos o antecedentes penales. Ciertamente, Washington tiene razones geoestratégicas de peso para acercarse a Lima en este nuevo momento político. Pero la solidez de este enfoque depende menos de lo que decida Estados Unidos que de la gobernabilidad que pueda sostener el nuevo gobierno de Perú.
La atracción es real. Perú concentra litio, cobre y un puerto (Chancay) construido con capital chino que ya opera como nodo logístico en el Pacífico Sur. En un momento en que Washington busca diversificar las cadenas de suministro y reducir su dependencia de minerales chinos críticos, Lima ofrece una alternativa sólida a una distancia más corta. A esto se suma la agenda de seguridad regional: el Departamento de Estado envió una delegación de alto nivel a la toma de posesión de Fujimori, encabezada por el subsecretario Christopher Landau, y anunció más apoyo contra el crimen organizado transnacional, incluidos el ELN, Los Choneros, el Tren de Aragua, entre otras organizaciones designadas por la administración Trump como terroristas.
Pero ¿qué gana realmente el Perú y qué margen de maniobra tiene un gobierno sin mayoría propia en el Congreso? El llamado “Corolario Trump”, más allá de los determinantes que tiene para la política regional y la Seguridad Nacional estadounidense, no es una hoja de ruta ordenada, ni tampoco predecible. Las discrepancias dentro y fuera de los círculos políticos de Washington, incluidos sectores del propio Partido Republicano, cuestionan si la militarización de la lucha antidrogas en la región realmente sirve a los intereses de largo plazo de Estados Unidos, más allá del efecto simbólico.
Por su parte, para Lima esto significa negociar con una potencia cuya prioridad puede cambiar de un trimestre a otro, algo que ya vivió Perú en abril de 2025 cuando el régimen arancelario de hasta el 50% golpeó las exportaciones de cobre antes de ser parcialmente revertido meses después.
Este no es un problema nuevo, desde 1990 el vínculo entre Washington y Lima ha pasado por tres etapas: el ascenso y caída de Alberto Fujimori, marcado por la derrota de Sendero Luminoso pero
también por el autogolpe de 1992 y la corrupción de Vladimiro Montesinos; una fase de apertura comercial y disciplina fiscal entre 2001 y 2016, coronada por el Tratado de Libre Comercio firmado en 2009; y la última década, la de los «presidentes sin parlamento». Un precursor del mayor período de inestabilidad de su historia reciente. En diez años, el Perú ha tenido nueve jefes de Estado.
Ese es el verdadero obstáculo para cualquier «ventana de oportunidad» que Washington quiera proponer: no la voluntad política, que existe en ambas capitales, sino la persistente fragilidad institucional peruana. Un Congreso fragmentado no perdona los errores, y un gabinete con historial judicial da munición inmediata a la oposición para dudar y frenar cualquier iniciativa o acuerdo que implique alineamiento con Washington.
A esto se suma la amenaza que el propio gobierno peruano coloca en el centro de su agenda: el crimen organizado, ya no como un problema de seguridad ciudadana, sino como un riesgo directo para la gobernabilidad del país. Esta realidad, marcada por homicidios y extorsiones, se ha agravado en los últimos años y erosiona la capacidad del Estado para gobernar su propio territorio.
En este contexto, Washington debería evitar dos errores. El primero, tratar la relación con Perú sólo como una pieza más de la rivalidad con China, ignorando la fuerte presencia china en la minería, que no va a desaparecer. De hecho, la reacción a la gira de Rubio ya lo confirma: la embajada china en Lima, sin mencionar su nombre, advirtió que el hemisferio occidental «no es el patio trasero de nadie» y defendió el derecho de los países latinoamericanos a elegir libremente a sus socios.
El segundo error es confundir la arquitectura de seguridad regional con un compromiso decidido. Perú, si bien no formó parte de los firmantes originales del Escudo de las Américas, la coalición que Trump lanzó en marzo, en esta visita Rubio formalizó su incorporación. Se trata de un hecho con real peso estratégico para el reordenamiento de las alianzas en el hemisferio, no un simple gesto protocolario. Pero unirse a una coalición no equivale automáticamente a una cooperación operativa: persisten las dudas sobre cuál será realmente la participación de Estados Unidos una vez que termine la foto. La confusión de nombres tampoco ayuda: la fuerza militar operativa de SOUTHCOM en la región, anteriormente llamada Southern Spear, pasó a llamarse Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental en agosto, un cambio que refleja hasta qué punto esta arquitectura de seguridad se está construyendo sobre la marcha.
También es importante no perder de vista que la agenda de esta gira no se limitó a la seguridad. Rubio instó a Lima a priorizar la tecnología de inteligencia artificial estadounidense sobre la oferta china, y añadió a la conversación bilateral la cooperación contra los efectos climáticos de El Niño. Señales todavía modestas, pero que apuntan en una dirección más amplia: una relación que no depende exclusivamente de la lucha contra las drogas y la geopolítica de bloques.
Rubio toma la foto que necesitaba desde Lima: un nuevo aliado conservador, que se suma a Bogotá y Quito, los otros dos destinos de su gira. Fujimori, por su parte, se queda con el problema
real. La historia reciente de Perú muestra que ningún cálculo estratégico en Washington sobrevive por mucho tiempo a una crisis de gobernancia en Lima. La posibilidad de un acercamiento real existe y ahora es más concreta que hace un mes. Que se consolide o no dependerá del desempeño político del Gobierno de Fujimori.
