ESCRIBIENDO.- Alrededor de 42 mil bancos de lotería operan ilegalmente en el país, de los cuales una gran mayoría pertenece a diputados, senadores y funcionarios públicos, mientras que el gobierno, consciente de esta situación, no ha tomado medidas efectivas para regular este sector, dijo el abogado José Castillo .
«Es un problema nacional el que existe actualmente con el problema del juego en República Dominicana, donde el Estado privilegia a una serie de personas, políticos, diputados, senadores, para operar cientos, miles de bancos ilegales, pero «no sólo diputados y senadores». «Pero otros ciudadanos que operan cientos de bancos ilegales, así como el Ministerio de Hacienda y sus funcionarios, lo saben», afirmó el jurista.
Durante su participación en El DespertadorJosé Castillo indicó que en el plan regularización fueron reportados hasta 71.902 puestos de los cuales 30.974 son legal y más de 40.000 bancos sin regulación.
Castillo lamentó que el plan de regularización esté «en el aire» sin avances significativos, a pesar de que el Presidente de la República fue informado de la necesidad de intervenir en el sector de lotería.
Aseguró que el Estado deja de recibir «alrededor de 3 mil 170 millones de pesos en pago de impuestos bancarios» por esa falta de regulación y permisibilidad de operaciones ilegales.
El abogado también sugirió que la influencia de los bancos de lotería en la política podría ser una de las razones de la inacción del Estado.
«Este sector mueve mucho dinero y patrocina a muchos políticos», afirmó, mencionando que los escaños podrían contribuir a las campañas electorales de los candidatos a cargos públicos. Esto, según Castillo, genera una especie de «impunidad y complicidad» que permite que los bancos ilegales sigan operando sin repercusiones.
Castillo destacó que una regulación efectiva es factible ya que «los banqueros le han dicho al Estado y a esta sociedad que ellos manejan 72.000 puestos y que hay de esos 72.000 puestos, 42.000 «Son ilegales.»
Agregó que «el gobierno tiene las direcciones, los dueños, el nombre del banco, la ubicación geográfica del banco». Ante esta situación, Castillo llama al Presidente de la República a intervenir y «regularizar realmente» el sector, para que todos los bancos de lotería del país operen legalmente y paguen los impuestos correspondientes.
Actualmente, un banco de lotería paga alrededor de 70 mil pesos anuales en impuestos, incluido un impuesto único establecido por la Ley 139-11.
Castillo espera que, con mayor fiscalización y cumplimiento de las leyes vigentes, el sector de loterías pueda operar de manera regulada y contribuir significativamente al Estado.
