Si el gobierno no hubiera permitido, como corresponde a una gestión que se proclama transparente y abierta a cualquier escrutinio, que todos los lunes, al concluir la reunión del Grupo de Trabajo Conjunto donde las autoridades dan seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, los periodistas hagan preguntas sobre los diferentes aspectos de lo allí discutido, el hecho de que, por tercera semana consecutiva, no se permita el acceso a la prensa ni se hagan preguntas, no hubiera sido tan notorio y significativo.
Y es mucho más llamativo si este abrupto silencio coincide con una feroz escalada de los cuestionados intercambios de disparos, que este mes han sacado de circulación a 27 presuntos delincuentes, quienes sin embargo no han logrado contener ni amedrentar a una criminalidad agresiva y desafiante, como acaban de presenciar en Santiago un concejal del PRM en el municipio de Villa González y su esposa, asaltados en su residencia a plena luz del día.
En cierta medida se entiende que a las autoridades policiales, con la ministra del Interior y Policía, Faride Raful, a la cabeza, les cueste justificar ante la opinión pública la cacería, que también califica de masacre, a la luz de todos los rumores que se han dicho sobre la reforma de la Policía Nacional, la actualización de sus protocolos de actuación, su modernización y un largo y tedioso bla, bla, bla, que no se refleja en las calles, en la relación de sus agentes con la ciudadanía, y mucho menos. en la forma de investigar actos delictivos y procesar a los delincuentes.
Pero es preocupante, y hay que empezar a decirlo, que todo indica que esto es una tendencia, una línea bajada desde Palacio Nacional, donde parecen creer que cuando las cosas van mal y el gobierno y sus funcionarios mudos carecen de respuestas a la cantidad de problemas irresolubles que se acumulan junto a la frustración y el desencanto de la población, los culpables son los periodistas y nuestras preguntas incómodas.
