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Santo Domingo.– Una mujer presentó una denuncia como demandante civil ante el Fiscalía del Distrito Nacionalen el que denuncia la presunta utilización de su identidad y la falsificación de su firma para tramitar ante la Seguro Nacional de Salud (Senasa) servicios médicos que, según afirma, nunca solicitó ni recibió.

Según el documento, la denunciante identificada como María de los Milagros Flores Ovando sostiene que sus derechos a la identidad, privacidad, protección de sus datos de salud y seguridad jurídica habrían sido vulnerados a través de una estructura que, según la denuncia, habría utilizado información sobre su afiliación para gestionar autorizaciones y reclamaciones médicas a su nombre.

Peritaje del INACIF sobre las firmas

La denuncia señala que el 17 de septiembre de 2025, el analista forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Yelida M. Valdez Lópezrealizó un análisis gráfico-técnico de los documentos enviados por el Fiscalía Especializada en Enjuiciamiento de Corrupción administrativa (PEPCA), a efectos de determinar la autenticidad de las firmas atribuidas a Flores Ovando.

Entre los documentos examinados se encontraba un formulario de reclamación por Senasade 30 de julio de 2024, correspondiente a una supuesta resección de granuloma vulvoperineal por un monto de RD$11,664, así como otro documento de 31 de julio de ese mismo año por RD$500.

Ambos aparecen asociados al código 87688 del Proveedor de Servicios de Salud (PSS) y al médico Griselda Altagracia Basora Ramírez.

También se incluyó una hoja de reclamación de fecha 31 de enero de 2025, por RD$462.30, correspondiente a supuesta atención de emergencia o urgencia en el Hospital Municipal de Mata Hambre.

La denuncia sostiene que Flores Ovando no solicitó ni recibió los trámites que aparecen registrados a su nombre y que, presuntamente, se habrían realizado llamadas al centro de servicios SeNaSa para gestionar autorizaciones relacionadas con servicios médicos que el afiliado afirma desconocer.

El documento también nombra a varios de los involucrados, incluido el Dr. Griselda Altagracia Basora Ramírezél Centro Médico Universal, Angeura Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arthur Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Ángel Luis Guzmán Vásquezel doctor José Luis Díaz Hernández. y el doctor Juan Gabriel Rodríguez Raveloentre otros.

«los doctores José Luis Díaz Hernández. y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo Habrían cumplimentado y sellado formularios oficiales de reclamación con la firma del denunciante. El documento sostiene que el análisis grafotécnico realizado por el INACIF identificó la falsificación de dicha firma», según la denuncia.

El denunciante también atribuye a la supuesta estructura el acceso no autorizado a la información contenida en los sistemas de información. Senasaincluyendo datos personales y de afiliación, que habrían sido utilizados para llevar a cabo los procedimientos médicos cuestionados.

Pagos reclamados y medidas solicitadas

Asimismo, la denuncia señala que, luego de síLa NASA realizó pagos por los servicios señalados como ficticios, supuestamente entre el 40% y el 60% de los montos recaudados habrían sido devueltos a los organizadores a través de transferencias bancarias o depósitos a terceros. El documento sitúa el monto global señalado en más de RD$41.1 millones.

Flores Ovando solicita a las autoridades admitir su denuncia, profundizar la investigación contra las personas señaladas e imponer medidas coercitivas, incluida la prisión preventiva, así como medidas reales sobre el patrimonio de los investigados.

Además, solicita que el proceso avance hasta la acusación y apertura de juicio y, en sus conclusiones, solicita que los imputados sean declarados responsables de los hechos que se les atribuyen y que se les imponga una pena de 20 años de servicio público.

En el ámbito civil, la demandante reclama una indemnización de RD$20 millones por los daños y perjuicios que, según sus afirmaciones, los hechos denunciados le habrían causado.

La denuncia fue presentada en Santo Domingo el 21 de septiembre de 2026 y manifiesta que el denunciante se reserva el derecho de dirigir acciones contra otras personas que puedan ser identificadas durante el desarrollo de la investigación.