el caso Emanuel Contreras Deja una pregunta incómoda: ¿cuántas veces más los ciudadanos tendrán que actuar como detectives, periodistas y presión pública para que el Estado haga su trabajo?
Emmanuel Contreras había llegado desde Bonao para trabajar y estudiar, como tantos jóvenes que llegan a la capital con la mochila llena de sueños y la ingenua esperanza de que cuando lleguen aquí todo será mejor.
El 1 de julio salió a comprar un celular que había visto en Marketplace. Terminó en Los Praditos, brutalmente golpeado, con un trauma que lo mantuvo en estado crítico por más de dos meses. Este martes falleció. Tenía 23 años y toda la vida por delante.
Y aquí comienza la otra paliza: la institucional, la del Estado
Si algo debemos tener claro es que en esta ponchera que es un país, quien no hace su diligencia tempranamente no logra justicia.
Mientras Emmanuel luchaba por su vida, su familia luchaba para que alguien investigara. Denunciaron, insistieron, buscaron respuestas y, según su hermana, recibieron de quien supuestamente llevaba el caso (el fiscal Radhames Viloria) una advertencia para que no hagan público lo sucedido porque podría exponerlos a consecuencias según el nuevo código penal.
De ser cierta esta versión, estamos ante una ironía monumental: una familia pide justicia y el primer consejo que reciben es que se callen.
La indignación, sin embargo, consiguió lo que el sistema aparentemente no estaba haciendo: trasladar el caso.
Bien lo dijo Castells: “la comunicación puede convertir una experiencia individual de injusticia en acción colectiva”. Habla de cómo las personas, al superar el miedo y conectarse, pueden transformar la indignación en esperanza y movilización. Exactamente lo que ha pasado aquí.
La indignación derriba gobiernos y, como el loto, es acumulativa.
Las redes se han convertido en las supervisoras del trabajo del Estado, y cuando la avalancha es genuina, incluso lo hace temblar.
Porque había que hacer ruido para que el caso entrara en el radar. Fue necesaria la indignación para que aparecieran las respuestas. Y ahora, tras la muerte de Enmanuel, las mismas autoridades que informan que el joven abandonó el país son las que hoy dicen que hay orden de aprehensión contra (el presunto agresor) Lenin Núñez de León.
Pero hay algo que no puede pasar desapercibido.
Si de algo estamos todos seguros es que los ladrones no salen con uniforme, botas y un vehículo marcado para robar. Precisamente por eso, cuando alguien denuncia un delito, las autoridades tienen que investigar antes de que el crimen se convierta en un cadáver, una tendencia y un escándalo nacional.
Porque el problema ya no es sólo quién golpeó a Emmanuel. El problema es quién dejó gritar a una familia durante 10 semanas mientras el expediente parecía tomar una siesta. El problema es un Estado que, con demasiada frecuencia, necesita que las redes lo animen a despertar.
En el caso de Buen B, Tuvieron que ser periodistas e influencers quienes notaran la presencia, ubicaciones y fuga de la joven del país para que los organismos de seguridad reaccionaran. O el caso de Edwin Encarnación, cuyas autoridades ni siquiera fueron a recoger los casquillos; Cuatro días después Tolentino tuvo que ir a presentarlos en un programa.
Entonces uno se pregunta: ¿para qué queremos investigadores si terminamos necesitando personas influyentes y periodistas para hacer sus investigaciones?
Él Ministerio Publico y el policia nacional Flaco favor hacen a los ciudadanos cuando reaccionan tras el escándalo, investigan tras el atropello y aparecen cuando todo el país ya les ha indicado dónde mirar.
Emmanuel ya no puede exigir justicia. Pero lo hacemos.
Y si para que el Estado cumpla con su deber una familia tiene que gritar, insistir y convertir su dolor en tendencia, entonces hoy lo decimos por ellos: Soy Emmanuel Contreras.
