A ocho años de hacerse pública la venta presuntamente irregular del terreno en el sector Los Tres Brazos, El proceso judicial y social continúa generando debates en la opinión pública dominicana sobre la propiedad de la tierra.
La venta de los conjuntos habitacionales por parte de la Corporación Dominicana de Empresas del Estado (CORDE) Afectó a miles de familias. Los residentes denunciaron en ese momento la privatización de bienes públicos y la exigencia de pagos por tierras que habían habitado durante décadas.
El expediente penal iniciado por el Ministerio Público incluía acusaciones contra exfuncionarios y empresarios por complicidad, prevaricación y peculado. Sin embargo, el desarrollo de las audiencias ha enfrentado prolongados incidentes procesales y aplazamientos sistemáticos.
El exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas del Estado (Corde) Leoncio Almánzar.
En el ámbito social, las familias del sector continúan en un estado de incertidumbre respecto del título definitivo de sus viviendas. Las organizaciones comunitarias siguen movilizadas exigiendo al Estado la anulación total de los contratos de compra y venta del lote.
A pesar de las promesas de regularización por parte de las autoridades gubernamentales, el progreso administrativo ha sido lento. La falta de resoluciones judiciales firmes frena la emisión masiva de títulos de propiedad para los comuneros afectados.
El caso Los Tres Brazos sigue siendo un referente sobre los desafíos en la gestión inmobiliaria del Estado. La comunidad mantiene su reclamo de justicia y seguridad jurídica a casi una década de destaparse la polémica.
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