Él Ministerio Publico presentó una acusación formal y solicitó la apertura de un juicio contra un hombre procesado por comunicar un alerta falsa de bomba al Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), hecho que provocó la activación de protocolos de emergencia en el aeropuerto, el regreso de una aeronave en pleno vuelo y la suspensión temporal de las operaciones aéreas.
La acusación contra Ángel del Pino Cuyatambién identificado como Ricardo Casasfue depositado ante el Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo por el Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Andrés Mena, con funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procedimientos Especiales, junto con las fiscales Felbelys Rosario y Ana Sánchez, adscritas a la Fiscalía de Santo Domingo Este.
Según el investigaciónel imputado realizó una llamada telefónica, el 6 de enero de 2026, comunicando falsamente la existencia de un artefacto explosivo en vuelo CM-299 de Copa Airlines. Como consecuencia de esta información, las autoridades aeroportuarias activaron los planes de contingencia y emergencia establecidos para este tipo de amenazas, ordenando incluso la devolución de las aeronaves y la aplicación de exhaustivos protocolos de seguridad.
El imputado cumple prisión preventiva en el Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.
Amplia investigación técnica y científica.
El Ministerio Público destacó que la acusación se sustenta en una robusta estructura probatoria compuesta por prueba testimonial, documental, pericial, material y procesal obtenida durante la investigación.
Entre las principales evidencias se encuentra el registro de la llamada realizada al call center de AERODOM a través de la plataforma tecnológica Amazon Connect, cuya grabación fue preservada y posteriormente transcrita como parte de la investigación. Asimismo, las certificaciones emitidas por las compañías telefónicas permitieron establecer el origen de la comunicación y vincular el número utilizado con el dispositivo utilizado por el imputado.
La investigación también incluyó informes técnicos elaborados por especialistas de aeródromode la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI) de la Dirección Nacional de Inteligencia, así como con documentación oficial del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), que acreditan la activación de protocolos de emergencia y los efectos operativos que genera la comunicación telefónica con información falsa de bombas.
Evidencia digital y análisis forense
Uno de los elementos más relevantes fue el trabajo de análisis forense digital realizado al teléfono móvil utilizado por el imputado durante su detención.
Los peritos lograron recuperar registros, metadatos y evidencias digitales que permitieron corroborar la existencia de la llamada realizada al número de atención al cliente del Aeropuerto Internacional Las Américas.
Asimismo, el Ministerio Público incorporó al proceso informes forenses provenientes del análisis de evidencia digital que vinculan el dispositivo telefónico ocupado por el imputado con la comunicación realizada el día de los hechos.
A esto se suma un peritaje en acústica forense realizado por especialistas de la Policía Científica, cuyos resultados concluyeron que la voz registrada en los audios de la llamada corresponde al imputado Ángel del Pino Cuya, estableciendo una relación científica entre el contenido grabado y la identidad del imputado.
Calificación jurídica
El Ministerio Público sostiene que los hechos atribuidos a los imputados constituyen infracciones previstas y sancionadas por la Ley núm. 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civily por la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, al considerar que las conductas exhibidas generaron una situación de alerta que comprometió la seguridad operativa de los aeropuertos del país, provocó la interrupción de las operaciones aeronáuticas, el desvío de vuelos a otras terminales y la activación de mecanismos extraordinarios de respuesta institucional.
La institución reafirmó su compromiso con la protección de la seguridad pública, la seguridad aeroportuaria y la persecución efectiva de conductas que pongan en riesgo infraestructura crítica y servicios esenciales para el país.
