(“Las leyes de incentivos que no fomentan la inversión en el sector para el que fueron diseñadas dejan de tener sentido”).
El Ley de Promoción Turística establece exenciones para la importación de equipos y del impuesto sobre la renta para la construcción de hoteles en zonas turísticas. Sin embargo, no sé si fue en los gobiernos de Leonel Fernández o en los de Danilo Medina que un ingeniero con mucha influencia política logró esta exención para un apartahotel en Naco. Desde entonces, Confotur otorga estas exenciones a las torres que se construyen en la ciudad capital, especialmente en Piantini y la avenida Anacaona, aunque cuando en ellas no habitan turistas.
El Ley de Incentivos Fronterizos busca estimular la inversión privada en esa zona del país, pero una fábrica de refrescos extranjera, porque los refrescos pagan impuestos internos muy altos, como el ron y la cerveza, logró calificar para operar desde la frontera sin pagar impuestos y así tener una extraordinaria ventaja de costos en relación a los refrescos que operan pagando impuestos internos. Eso hizo que los Brugal, Bermúdez y Barceló pensaran en trasladarse también allí para evitar impuestos altísimos y sólo cuando Hacienda abrió los ojos los desanimó.
El Gobierno exime de altos impuestos a los autos importados por los congresistas y por eso piden a Lamborghini y Mercedes Benz revender las exenciones. Los profesores de la UASD también obtienen exenciones, pero no los de universidades privadas.
existe en el Congreso Nacional un proyecto de ley para eximir a los yates de los ricos, pero ellos ya evaden ese impuesto colocándoles banderas extranjeras.
Quien escribe esto se beneficia del subsidio al precio de la gasolina cuando lo correcto es que debería limitarse a los pobres, a través de, por ejemplo, tarjetas de débito o cupones para taxistas, reduciendo el costo del combustible. La Ley de Casinos originalmente limitaba su existencia a los hoteles en zonas turísticas para que sólo los turistas pudieran gastar dinero en juegos de azar. Pero Villa Duarte ya está repleta de casinos, por sólo mencionar una zona no turística.
En la provincia de La Altagracia, la electricidad es suministrada en su zona turística por una empresa privada que cobra por encima del costo, pero no provoca apagones. En el resto de la provincia, Edeeste suministra electricidad a precios subsidiados, pero con apagones y sin cortar el suministro eléctrico a quienes no pagan. Los talleres mecánicos, eléctricos y de otros servicios se están trasladando de la zona turística a la ciudad de Higüey y así no tener que pagar electricidad, enfrentando apagones con plantas propias.
Estas excepciones otorgadas por las leyes de incentivos, que también cubren las zonas francas, son en parte responsables de que los impuestos que pagamos representen una de las proporciones más bajas en América Latina y el Caribe. Alrededor de una cuarta parte de lo recaudado tiene que destinarse a pagar intereses de la deuda interna y externa y otra parte importante a cubrir subsidios a la electricidad y a los combustibles, y como cada año aumenta el número de empleados públicos, a pesar de la digitalización y ahora de la inteligencia artificial, lo que queda para dedicar a inversiones públicas es muy bajo, apenas el 10% del presupuesto, mientras que en la época de Joaquín Balaguer las inversiones llegaban al 50%. El crecimiento económico aumenta en la medida en que la inversión pública y privada es alta, y el principal motor de nuestro crecimiento en los últimos años ha sido, en consecuencia, la inversión privada, incluida la inversión extranjera, que no se publica.
Las leyes de incentivos que no fomentan la inversión en el sector para el que fueron diseñadas dejan de tener sentido. Exonerar a los más ricos a costa de tener pocos recursos para brindar buena educación y salud a los pobres, contribuye a la ya grave injusticia social en nuestro país.
Pero hablar de esto dos años de elecciones Es un grito en el desierto.
