Santo Domingo.- El orden del Ministerio de Administraciones Públicas (MAPA)para que todos los departamentos de Recursos humanos del gobierno para verificar que todo su personal paga por la electricidad y el agua suscita preguntas de los abogados, mientras que algunos empleados no condenan la iniciativa.
Según los juristas, la reciente disposición del MAP es contraria a la Constituciónasegurando que los empleados tienen derecho a mantener en privado cómo gastan su salario, aunque otros entienden lo contrario, al entender que es una medida que podría resultar beneficiosa.
Mientras tanto, representantes de la sociedad tienen dudas sobre el propósito de la disposición que obliga a los empleados a presentar facturas de los servicios de luz y agua, considerando que el gobierno debe prestar atención a otras cosas que consideran importantes.
Sin embargo, algunos empleados de instituciones públicas no se opusieron a la ordenanza y señalaron que estaban dispuestos a presentar sus facturas con servicios actualizados. Según el Ministro de Administraciones Públicas, el principal objetivo de la circular es conocer el perfil de consumo, promover el pago de los servicios públicos, así como recopilar información para diversas planificaciones y proyectos, para llevar un registro más preciso y facilitar la gestión administrativa.
La disposición también establece que las áreas de recursos humanos de las instituciones del Estado tienen 15 días hábiles para confirmar si los empleados cuentan con contratos para ambos servicios.
