República Dominicana podría aprovechar una posible negociación comercial bilateral con Estados Unidos para buscar la eliminación del arancel del 12,5%establecer protección contra nuevas medidas arancelarias unilaterales y lograr mejores condiciones de acceso de los productos dominicanos al mercado estadounidense, afirmó el economista y especialista en negocios internacionales, Juan del Rosario.
Explicó que el país también tendría espacio para negociar un mayor acceso a los productos agrícolas, especialmente a la carne, así como a otros productos dominicanos que tienen potencial de exportación a ese mercado.
Del Rosario destacó que el país debe asegurar que la negociación permita crear un “paraguas” para evitar que nuevas imposiciones arancelarias generales o recíprocas afecten sus exportaciones. En ese escenario, la eliminación del arancel del 12,5% sería uno de los objetivos inmediatos, junto con mejores condiciones para el ingreso de productos dominicanos al mercado estadounidense.
Otro punto que el país podría poner sobre la mesa, según el economista, es el trato preferencial a las exportaciones textiles, porque una parte importante del acceso de esta industria al mercado estadounidense está vinculado a las leyes estadounidenses HOPE y HELP, asociadas al comercio con Haití.
Dentro de las negociaciones de un posible Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) con Estados Unidos, instó a solicitar que el acceso preferencial se otorgue directamente a República Dominicana a través de un acuerdo o legislación especial aprobada por el Congreso estadounidense, en lugar de depender de los beneficios otorgados a Haití.
El ESPERANZA legislación Tiene vigencia hasta 2028. Ante este escenario, Del Rosario destacó que República Dominicana busca una legislación especial que otorgue directamente condiciones preferenciales para sus exportaciones textiles, sin que este beneficio tenga que estar vinculado a Haití.
El economista recordó que República Dominicana históricamente tuvo acceso preferencial al mercado estadounidense para sus exportaciones textiles, pero perdió ese esquema con la desaparición del Acuerdo Multifibra después de la entrada en vigor del DR-CAFTA.
Posteriormente, parte de la industria local se integró a cadenas productivas vinculadas a Haití para aprovechar las preferencias otorgadas a ese país.
El factor chino y el proteccionismo
Del Rosario también identificó un posible interés de Estados Unidos relacionado con empresas de propiedad china establecidas en República Dominicana que utilizan el territorio nacional para producir y posteriormente exportar al mercado estadounidense.
Consideró que el gobierno de Donald Trump podría pedir al Gobierno dominicano mayores controles a las empresas extranjeras que se establezcan en el país con capacidad de exportar a Estados Unidos, particularmente en materia laboral, seguridad y riesgos.
Otra petición que EE.UU. podría hacerle a República Dominicana es el cupo arancelario que aplica al arroz. Recordó que esto se estableció por decreto, mientras que la DR-CAFTA Fue aprobado por ley, por lo que un decreto no puede estar por encima de la legislación.
Del Rosario entiende que el avance de acuerdos bilaterales puede representar un retroceso en la integración comercial y aumentar el riesgo de que el proteccionismo vuelva a convertirse en una característica central del comercio internacional.
El acuerdo debe pasar por el Congreso
El economista indicó que en una negociación bilateral no se puede ignorar el marco legal que actualmente regula el comercio entre ambos países, en este caso el acuerdo comercial DR-CAFTA.
Del Rosario explicó que cualquier modificación relacionada con acceso a mercados, aranceles, cuotas o barreras técnicas y fitosanitarias debe estar respaldada por el DR-CAFTA, que tiene rango de ley, por lo que un simple memorando de entendimiento podría contradecir ese marco.
«Eso tiene que ir al Congreso. No puede ser un memorando de entendimiento», dijo el economista, al considerar que un acuerdo comercial que modifique las condiciones establecidas en el DR-CAFTA debe ser presentado al Poder Legislativo para garantizar su viabilidad jurídica.
