Santo Domingo.– Las Salas de Reuniones de la Corte Suprema de Justicia (SCJ) rechazó el segundo recurso interpuesto por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) contra Inteligencia JurídicaSRL, poniendo fin a un litigio que comenzó en 2021 y que llegó al Tribunal de Casación en dos ocasiones.
Mediante Sentencia núm. SCJ-SR-26-00319, confirmó el fallo de la Sala Cuarta del Tribunal Superior Administrativo que había rechazado la pretensión de la CCRD de obtener la nulidad, por concepto de indemnización, del acto mediante el cual ese organismo había aprobado la contratación de los servicios profesionales de Inteligencia Jurídica.
Facultada por la Sala Tercera de la SCJ como tribunal remitente, la Sala Cuarta del TSA desestimó en diciembre de 2024 el recurso de apelación de la CCRD, el cual recurrió nuevamente en casación, siendo también rechazado en todas sus partes. La decisión reviste especial importancia porque las Cámaras Reunidas reafirmaron que para que la Administración pueda efectuar un acto favorable se requiere “rigor especial”en observancia de la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso.
En el caso concreto, el alto tribunal consideró jurídicamente correcta la conclusión del tribunal remitente de que la Cámara de Cuentas actuó a la ligera al no expresar de manera suficiente y concreta cuáles fueron las razones de contradicción a derecho o cuál fue la lesión al interés público que justificaba atacar el acto que había reconocido los derechos de Inteligencia Jurídica.
Esta insuficiencia de motivación, según Salas Reunidas, impidió a la firma ejercer plenamente su derecho de defensa, vulnerando el debido proceso y seguridad jurídica.
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El juicio También descartó que el tribunal remitente hubiera desnaturalizado los hechos, omitido pruebas o cometido errores de derecho, y concluyó que había aplicado correctamente la ley, por lo que finalmente desestimó el recurso de la Cámara de Cuentas.
«Después de cinco años, dos casaciones y un juicio preventivo, quedó definitivamente establecido que una institución no puede ignorar derechos ya reconocidos sin ofrecer razones serias y comprobables, principio esencial del Estado de derecho. Debe explicar qué ilegalidad concreta existe y qué interés público ha sido efectivamente lesionado», afirmó el Dr. Julio Curysocio fundador de la firma.
Añadió que la Administración está sujeta a la ley también cuando busca corregirse. ““Es una victoria del debido proceso, más allá del caso concreto”.. Inteligencia Legal, SRL es una firma especializada en derecho civil, administrativo, constitucional y penal, con práctica ante las diferentes jurisdicciones y altos tribunales del país.
Nota: fuente externa
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