Como parte de su estrategia de optimizar las herramientas de cooperación jurídica internacional para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, La Procuraduría General de la República (PGR) firmó un convenio con la Procuraduría General de la República de Colombia para la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) ajustado a la Convención de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al ordenamiento jurídico de ambos países en materia penal.
La Fiscal General de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, firmaron el documento en un acto que contó con la participación de sus respectivos equipos de trabajo.
Yeni Berenice Reynoso agradeció a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) por impulsar acuerdos internacionales que promueven un mundo mucho más seguro, “donde la protección de las personas, como es el objetivo de este equipo conjunto de investigación, sea una realidad”.
“Para República Dominicana, y sé que también para Colombia, esta firma del equipo conjunto de investigación tiene algo especial: es una firma que tiene incluido su plan operativo”, indicó, destacando el altísimo compromiso de ambos países para mantener una cooperación oportuna.
Reynoso destacó que República Dominicana, que ya estableció un primer Equipo Conjunto de Investigación con Chile, continuará haciendo un uso eficiente de esta herramienta puesta a disposición de los fiscales de todo el mundo por la Convención de Palermo para combatir delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico de migrantes.
Sostuvo que el delito de trata de personas daña profundamente la dignidad de las personas. “Es un delito que tiene como objetivo comercializar al ser humano”, afirmó. “Como lo hemos manifestado en la CITIM (Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes), que preside nuestra Cancillería: la trata de personas es un delito de alta prioridad para nuestra gestión”, dijo.
“Cuando un ser humano es objeto de comercialización y es sometido a tratamientos más propios de la esclavitud, es un delito, reitero, que requiere una mirada holística y que siempre requiere una atención especial”, reflexionó Reynoso.
En ese sentido, sostuvo que «tenemos la obligación ética y legal de trabajar para alcanzar objetivos estratégicos de alto impacto en la vida de millones de personas, en este caso colombianos y dominicanos, y de otras nacionalidades que vienen a vivir a nuestros países».
Por su parte, Camargo Garzón destacó que esta es la ICE número 18 creada por Colombia con distintos países firmantes de la Convención de Palermo. “Quiero comenzar celebrando la posibilidad de que alcancemos acuerdos concretos para el intercambio de información sobre un tema tan importante como el que hoy nos reúne, que trabaja directamente contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que es un flagelo que ha afectado no sólo a nuestra región”, dijo.
Recordó que el flagelo de la trata que afecta a los países de la región tiene un gran impacto en distintos países de Europa.
“Hemos encontrado que, definitivamente, en los delitos transnacionales la lucha tiene que ser a través de instrumentos como este que nos permitan tener un intercambio ordenado, informado, un instrumento que nos permita tener investigación aquí y allá, pero también que nos permita desarrollar programas conjuntos de investigación”, indicó.
“No basta con que busquemos un instrumento que sea el vehículo para intercambiar información, sino que también es necesario que, junto o alrededor del tema que nos reúne, podamos compartir experiencias metodológicas de cómo desarrollamos nuestra investigación y podamos fortalecernos entre nosotros a través de las buenas experiencias que tiene República Dominicana en este caso y las que tiene Colombia”, resaltó.
Camargo Garzón sostuvo que Colombia tiene una especial dedicación al tema de la persecución de las finanzas criminales, “no entendidas sólo como ingresos criminales, sino entendidas como lo que permite a una organización movilizar, por ejemplo, a un grupo de mujeres de Colombia a República Dominicana”. «Porque eso implica una movilización de dinero que podemos y debemos lograr si vemos las enseñanzas de Falcone como muy simples: seguir el dinero, seguir la ruta del dinero», añadió.
Al acto de firma del acuerdo asistieron el Embajador Rubén Silié, Viceministro de Política Exterior Multilateral de República Dominicana, y el Embajador de Colombia en Santo Domingo, y José David Moreno, Encargado de Negocios de la embajada de esa nación en Santo Domingo.
Yeni Berenice Reynoso estuvo acompañada del Fiscal General Adjunto Wilson Camacho, Director General de Fiscalía del Ministerio Público; Subprocurador General Osvaldo Bonilla, Director de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos; la procuradora Yoanna Bejaran, titular de la Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), quien ejecuta la cooperación, y la procuradora Danissa Cruz, directora del Departamento de Derechos Humanos y de la Unidad de Reintegración de Retornados.
Mientras que el Fiscal General Camargo Garzón estuvo acompañado por María Milena Méndez Moreno, Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Colombia, y Dayana Blanco, directora especializada contra Violaciones de Derechos Humanos.
Por parte de UNODC estuvieron Juan Daniel Ruiz, Coordinador de Proyectos de la Oficina Regional; Lissette Reyes, Coordinadora de Proyectos de la Oficina de UNODC para Centroamérica y el Caribe.
Lissette Reyes destacó la disposición que ha tenido la actual gestión de la Procuraduría General de la República para que el país pueda crear equipos conjuntos de investigación en los términos de la Convención de Palermo. Recordó que desde junio del año pasado, República Dominicana y Colombia reforzaron sus esfuerzos de colaboración en la lucha contra delitos como la trata de personas.
Asimismo, agradeció el apoyo brindado por los países donantes para hacer operativa la Convención de Palermo a través de iniciativas como el Proyecto Turquesa, del gobierno canadiense, o el Proyecto de Paz de Colombia financiado por la Unión Europea.
El acuerdo
El artículo 161 de la Ley que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana (n° 97-25, de 7 de diciembre de 2025) establece respecto de las investigaciones conjuntas: “El Ministerio Público podrá coordinar la investigación con las autoridades encargadas del Estado interesado, pudiendo constituirse para este efecto equipos de investigación, dirigidos por el Ministerio Público y sujetos al control de los jueces.
El Equipo Conjunto de Investigación establecido mediante el convenio entre el Ministerio Público de República Dominicana y la Fiscalía General de Colombia, que cuenta con la cooperación y apoyo logístico de la UNODC, propiciará la creación de una mayor sinergia y cooperación entre los fiscales dominicanos y colombianos para combatir de manera más efectiva el crimen organizado transnacional, la trata de personas, los delitos económicos y la corrupción.
Con la ICE, ambos países podrán establecer un marco de cooperación y coordinación oportuna para enfrentar casos específicos de criminalidad. El equipo forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), de la cual Colombia y República Dominicana se convirtieron en signatarios en la conferencia celebrada por la ONU en el Palacio de Justicia de Palermo, Italia, entre el 12 y el 15 de diciembre de 2000.
Colombia ratificó la Convención de Palermo el 4 de agosto de 2004 y República Dominicana el 26 de octubre de 2006. Amparados por este instrumento de cooperación internacional de la ONU, y siguiendo los protocolos de sus respectivos sistemas procesales penales, ambos países posibilitan con la ICE el intercambio directo de pruebas físicas y elementos materiales probatorios, la ejecución de medidas procesales de manera conjunta y la coordinación directa de investigaciones.
