Santo Domingo.- La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) respaldó la intervención de dos edificaciones levantadas de manera irregular dentro de la franja de protección del río Maimón y exigió que este tipo de acciones dejen de ser aisladas y se conviertan en una política permanente en todos los ríos y cuencas de República Dominicana.
La entidad consideró correcta y necesaria la acción realizada por la Dirección de Fiscalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en el distrito municipal Juan Adrián, provincia Monseñor Nouel.
Sin embargo, advirtió que el verdadero impacto de la medida dependerá de que las autoridades mantengan el mismo criterio ante situaciones similares en cualquier parte del territorio nacional.
“La acción correcta debe convertirse en conducta institucional continua, permanente, verificable y extendida en toda la geografía nacional”, afirmó la Comisión.
La CAUASD recordó que constantemente existen denuncias relacionadas con ocupaciones ribereñas, extracción irregular de áridos, talas y quemas, contaminación de ríos, destrucción de humedales e afectación a áreas protegidas.
A juicio de la entidad universitaria, estas prácticas están deteriorando progresivamente el territorio y poniendo en riesgo tanto los recursos naturales como las condiciones de vida de numerosas comunidades.
“La ley debe aplicarse con el mismo rigor contra cada infracción, en cualquier lugar y sin privilegios ni selectividad”, afirmó.
Piden que los responsables comparezcan ante la justicia
La Comisión de Medio Ambiente advirtió que paralizar, intervenir o incluso demoler una construcción ilegal no es suficiente para completar el proceso de protección ambiental.
Entiende que luego de una intervención, las autoridades deben identificar a los responsables, preservar las evidencias, determinar la magnitud del daño ambiental y establecer las medidas necesarias para restaurar las áreas afectadas.
También propone la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes y el envío de los expedientes a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales cuando existan indicios de delitos.
La organización fue particularmente enfática respecto a las construcciones realizadas deliberadamente dentro de las franjas de protección del río.
“En situaciones que incluyen la ocupación deliberada de la franja ribereña, la reincidencia o el desconocimiento de órdenes de paralización anteriores, el sometimiento a la justicia es fundamental”, señaló.
Advirtió que cuando una violación ambiental no termina en investigación, reparación y sanción, los infractores pueden comenzar a considerar las consecuencias como un riesgo aceptable.
Por ello, llamó a establecer un verdadero régimen de consecuencias que alcance no sólo a quienes ejecutan directamente los daños, sino también a quienes los autorizan, facilitan, encubren o toleran.
30 metros no son suficientes para proteger un río
La CAUASD también llamó la atención sobre un aspecto que considera fundamental para la conservación de los recursos hídricos.
Explicó que la protección de los ríos no puede limitarse exclusivamente al cauce visible ni a los 30 metros de franja que establece el artículo 129 de la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00.
Según la Comisión, esta distancia constituye un mínimo legalmente establecido, pero no representa el verdadero límite ecológico de un río.
La conservación debe abarcar también las montañas donde nacen los arroyos, los bosques, manantiales, afluentes, humedales y áreas de recarga hídrica que alimentan las cuencas.
“Sin cuencas sanas no tendremos ríos sanos ni seguridad hídrica”, advirtió.
La entidad recordó que los artículos 15, 66 y 67 de la Constitución, junto con la Ley 64-00, establecen responsabilidades del Estado en materia de protección, prevención, control y restauración de los recursos naturales.
Llama a los ciudadanos a cuidar los ríos
La Comisión Ambiental de la UASD también llamó a una mayor participación comunitaria en el monitoreo de los recursos naturales.
Instó a la ciudadanía, a las universidades, a las organizaciones ambientalistas, a las asociaciones de vecinos y a los gobiernos locales a documentar y denunciar las agresiones ambientales y, en especial, a dar seguimiento a los casos una vez que sean de conocimiento público.
La entidad entiende que la vigilancia ciudadana debe garantizar que las intervenciones anunciadas por las autoridades no acaben sólo con una paralización temporal, sino que produzcan restauración de las zonas afectadas y sanciones proporcionales a los daños causados.
“La defensa del agua no puede ser una reacción episódica ni una sucesión de operaciones sin continuidad”, afirmó.
Para el CAUASD, la protección de los ríos y sus cuencas debe convertirse en una política permanente del Estado, aplicada de manera transparente y sin diferencias territoriales.
La organización sostiene que recuperar los bancos, conservar íntegramente las cuencas y garantizar consecuencias por violaciones ambientales constituye una cuestión directamente ligada a la seguridad hídrica y al futuro de República Dominicana.
