Más del 90 % de las llamadas fraudulentas que terminan en delitos en República Dominicana se originan desde recintos penitenciarios, según datos revelados por las propias autoridades. Desde las cárceles se ejecutan estafas, falsas ofertas, suplantaciones de identidad y otras modalidades de engaño, mientras persiste una pregunta elemental: ¿cómo operan estas redes si los internos no deberían tener acceso a teléfonos celulares?
SANTO DOMINGO. Las cárceles dominicanas no solo albergan a personas condenadas o sometidas a procesos judiciales. Algunas se han convertido también en centros desde los cuales operan redes dedicadas a estafar y extorsionar ciudadanos mediante teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería, redes sociales y transferencias bancarias.
El problema ha alcanzado dimensiones que las propias autoridades reconocen como graves. El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, reveló en 2025 que más del 90 % de las llamadas fraudulentas que derivan en delitos en República Dominicana se originan desde las cárceles.
El dato plantea una contradicción difícil de ignorar: los teléfonos celulares están restringidos dentro de los establecimientos penitenciarios, pero desde esos mismos lugares se producen miles de contactos dirigidos hacia ciudadanos que posteriormente pueden convertirse en víctimas.
De los falsos premios al chantaje sexual
Las modalidades han evolucionado.
Ya no se trata únicamente de la conocida llamada en la que alguien informa a una persona que supuestamente ganó un premio y debe depositar dinero para recibirlo. Las estructuras delictivas han incorporado técnicas mucho más agresivas.
Una de ellas consiste en contactar a las víctimas mediante redes sociales o WhatsApp, establecer conversaciones de carácter íntimo y posteriormente utilizar fotografías, videos o grabaciones para exigir dinero bajo amenaza de divulgar el contenido.
La Policía Nacional ha documentado recientemente casos de extorsión mediante videollamadas grabadas sin consentimiento, en los que se amenaza con difundir material íntimo si la víctima no realiza una transferencia. En febrero de 2026, las autoridades informaron sobre arrestos relacionados con estafas, suplantaciones de identidad, chantajes y depósitos que oscilaron entre RD$14,000 y RD$400,000.
En mayo de este mismo año, la Policía Cibernética volvió a reportar investigaciones por fraude electrónico, phishing y extorsión. Uno de los casos involucraba amenazas por WhatsApp para divulgar imágenes íntimas si la víctima no depositaba dinero.
Existe además otra pieza indispensable del negocio: las cuentas receptoras.
El dinero generalmente no tiene que llegar directamente al responsable que realiza la llamada. Las investigaciones policiales muestran la utilización de terceros que reciben transferencias procedentes de estafas y extorsiones, creando una cadena que dificulta seguir el dinero hasta quienes dirigen la operación.
Un problema conocido desde hace años
Lo más preocupante es que no se trata de un fenómeno nuevo.
Ya en marzo de 2019, la Policía Nacional informó que había resuelto 48 casos de estafas telefónicas cometidas por 30 internos desde seis cárceles del país: La Vega, Dos de Mayo en Moca, Vista al Valle en San Francisco de Macorís, el 15 de Azua, Najayo Hombres y la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Los investigadores incluso identificaron los teléfonos utilizados para cometer los fraudes.
Siete años después, el problema continúa.
La persistencia de estas operaciones convierte el fenómeno en algo más profundo que una simple violación disciplinaria dentro de las cárceles. Si un interno puede obtener un teléfono, mantenerlo cargado, disponer de señal o conexión, contactar sistemáticamente a víctimas y coordinar movimientos de dinero fuera del recinto, necesariamente existen fallas en distintos niveles del sistema de seguridad penitenciaria.
¿Cómo entran los celulares?
Esta es la pregunta que las autoridades deben responder.
El Gobierno ha reconocido la dimensión del problema y comenzó a implementar sistemas tecnológicos para bloquear las comunicaciones ilícitas desde los centros penitenciarios. El modelo incluso fue presentado por Indotel ante la Organización de Estados Americanos como parte de la estrategia dominicana contra los delitos tecnológicos.
Pero bloquear la señal combate una consecuencia. No explica cómo llegan los dispositivos hasta las manos de los internos.
Cada teléfono introducido ilegalmente en una cárcel representa una falla de seguridad. Y cuando desde esos dispositivos se organizan operaciones delictivas de manera recurrente, la discusión necesariamente alcanza los mecanismos de vigilancia, requisa y control existentes dentro de los centros.
El Estado tiene ante sí una paradoja difícil de justificar: personas privadas de libertad continúan teniendo capacidad tecnológica para convertir una celda en una oficina desde la cual pueden buscar víctimas, engañarlas, amenazarlas y movilizar dinero fuera de la prisión.
El problema ya está identificado. Las autoridades conocen su magnitud y conocen las herramientas utilizadas.
Lo que falta explicar es por qué, después de tantos años, el celular continúa siendo una de las principales armas del delito detrás de las rejas.
