Santo Domingo.-El Congreso Nacional bajó ayer el telón de la primera legislatura ordinaria del año.
Lo hizo con una intensa jornada que se extendió la última semana y en la que diputados y senadores aprobaron proyectos de ley, resoluciones, acuerdos internacionales y préstamos.
El último día de trabajo fue una prueba de que, cuando hay interés y el tiempo corre, el Congreso puede mover una agenda amplia y aprobar incluso temas de cierta complejidad. La Cámara de Diputados declaró urgente la modificación al Presupuesto General del Estado 2026 y la convirtió en ley, aprobó en primera discusión el proyecto sobre gestión de la ciberseguridad y sancionó varias resoluciones de reconocimiento. Mientras tanto, el Senado dio luz verde a iniciativas como la ley para la protección y adquisición del patrimonio cultural, la declaratoria de Azua como Capital del Tomate y la creación del Consejo Nacional de Desarrollo de
Turismo de Salud.
Préstamos
A esto se sumó la aprobación de dos préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$465,5 millones destinados a seguridad vial, infraestructura y gestión de riesgos.
Sin embargo, detrás de esta productividad legislativa quedó una realidad menos visible: el calendario también produjo sus propias víctimas.
Durante las últimas semanas, el Congreso concentró prácticamente toda su capacidad de discusión en un único objetivo: modificar el Código Penal antes de su entrada en vigor.
La creación de una comisión bicameral, las consultas a distintos sectores y las decenas de propuestas de modificación presentadas por los legisladores terminaron absorbiendo buena parte del tiempo disponible.
El costo fue que varias reformas consideradas estratégicas para el país no lograron completar su recorrido legislativo.
Código del Trabajo
La principal víctima fue la reforma del Código del Trabajo. La iniciativa buscó modernizar la legislación, que es una de las reformas más impulsadas por el Poder Ejecutivo. La comisión especial de la Cámara de Diputados celebró más de cincuenta reuniones, recibió observaciones de todos los sectores involucrados y presentó un informe favorable.
El proyecto incluso fue aprobado en primera lectura. Sin embargo, luego fue remitido nuevamente a la comisión para continuar su estudio y a partir de ese momento quedó relegado a la discusión del Código Penal.
El debate sobre los despidos, aunque los presidentes de ambas cámaras insistieron en que este derecho no se modificaría, también contribuyó a ralentizar el conocimiento de la pieza.
Al finalizar la legislatura, la reforma laboral quedó sin completar el trámite constitucional y deberá reiniciar su trámite, salvo que el Poder Ejecutivo convoque a una legislatura extraordinaria.
Reforma policial
La reforma policial sufrió un destino similar.
La modificación a la Ley Orgánica de la Policía Nacional se enmarca en el proceso de transformación institucional impulsado por el Gobierno e incorpora cambios relevantes para el ejercicio de la función policial.
Entre ellos se incluyen la obligación de que los agentes mantengan activadas sus cámaras corporales durante registros e intervenciones, el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a grabar los procedimientos policiales y nuevas normas para operativos preventivos e inspecciones personales.
Pese a su importancia, la iniciativa tampoco encontró espacio dentro de una agenda dominada por el Código Penal de República Dominicana, pendiente de promulgación. Pero las víctimas del calendario del Congreso no terminan ahí.
Seguridad social
También quedaron pendientes la reforma a la Ley de Seguridad Social, llamada a ampliar las prestaciones y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema; reforma educativa, orientada a introducir cambios curriculares y revisar aspectos de la carrera docente; la Ley de Vivienda Social y la reforma del sistema de Salud Pública, todas iniciativas que permanecieron en discusión al interior de las comisiones técnicas, pero que nunca llegaron al pleno para completar su aprobación.
al cierre
Paradójicamente, el Congreso cerró la legislatura luciendo figuras importantes. Y aunque estos datos son preliminares, ya que los condensados se ofrecerán el próximo miércoles, durante el período se aprobaron más de 40 iniciativas, entre ellas 15 leyes de cierto impacto. Entre ellas destacan algunas leyes de carácter rutinario, como la reforma de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, por ejemplo.
Los trabajos del Congreso se reiniciarán el 16 de agosto y aquellos proyectos que perecieron volverán a agotar el mismo proceso de trabajo una vez que sean reintroducidos.
La paralización de estas reformas muestra las limitaciones del calendario legislativo cuando una sola iniciativa concentra la mayor parte del debate político y técnico.
Si bien el Código Penal fue considerado una prioridad por el Congreso y el Poder Ejecutivo, su discusión terminó desplazando proyectos que también buscan responder a demandas de larga data en áreas como empleo, seguridad ciudadana, salud y protección social.
