SANTO DOMINGO.– La Empresa Dominicana de Generación Hidroeléctrica (EGEHID), el Ministerio de Economía y Planificación (MEPyD), el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), la Alcaldía de San Cristóbal y las juntas distritales de Hatillo y Hato Damas firmaron un convenio mediante el cual se comprometió a formular un plan de ordenamiento territorial en dichas localidades, basado en las características particulares de cada una.
El convenio fue firmado por el administrador de EGEHID, Rafael Salazar; el titular del MEPyD, Pavel Isa Contreras; la directora de CEPAE, Carmen María Pérez Sánchez; el alcalde de San Cristóbal, Nelson de la Rosa, así como las directoras de Hatillo y Hato Damas, Esperanza Ramírez y Daniela Alcántara Castillo, respectivamente.
El objetivo del acuerdo es establecer las referencias normativas que permitan a los gobiernos locales de las citadas demarcaciones ejercer sus competencias para organizar asentamientos humanos en su territorio.
También formular y gestionar la determinación de las áreas que integran y delimitan la zonificación urbana mediante la aplicación de disposiciones específicas, teniendo en cuenta los factores de riesgo y consideraciones de cambio climático, para su implementación.
Mediante el convenio, y de conformidad con su Programa de Responsabilidad Social en las provincias donde se ubican los complejos hidroeléctricos, la EGEHID se comprometió a aportar, para los efectos de los gastos propios del proceso, la suma de US$208.000,00) o su equivalente en pesos dominicanos, que administrará CEPAE en estas tareas.
En el marco de la firma del convenio, EGEHID entregó un anticipo equivalente al 30% del valor total. El resto de pagos se realizarán por volumen de obra.
Las obligaciones de los firmantes
Para alcanzar los objetivos señalados, CEPAE se comprometió a aportar toda su experiencia social, comunitaria y de gestión de procesos colectivos de crecimiento ciudadano.
Además, proponer la prospectiva territorial, a través de la cual se define la visión del plan, sus objetivos y lineamientos, las alternativas de zonificación y el modelo de ocupación consistente con la visión de desarrollo establecida en los Planes de Desarrollo Municipal.
Entre otros aspectos, realizar la cartografía georreferenciada y base de información geográfica necesaria, que sirva para una adecuada clasificación y calificación del suelo en el territorio de cada gobierno local, tales como huella urbana, red viaria, espacios públicos y áreas verdes, productivas. áreas, servicios e infraestructuras, entre otros que puedan surgir de los estudios del territorio.
Mientras que el MEPYD, como órgano rector, se comprometió a intervenir como veedor institucional de todo el proceso descrito en este acuerdo, así como revisor final de los productos y subproductos entregados por CEPAE.
Asimismo, se compromete a apoyar los procesos de participación, incluyendo los aspectos logísticos de la organización de los foros previstos en la metodología y plan de trabajo, y la identificación de personas y grupos invitados a formar parte de dichos foros.
Mientras que los gobiernos locales se comprometieron a asumir la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial resultante de la ejecución de este acuerdo.
También se comprometen a ejercer su respectivo liderazgo institucional durante todo el proceso, así como la orientación estratégica del proyecto.
El acuerdo establece la conformación de una comisión de observadores, que está integrada por Pura Casilla, gobernadora de la provincia de San Cristóbal; Gustavo Lara Salazar, senador, y José Francisco Martich, en representación del Plan Estratégico de San Cristóbal.
Los observadores serán los encargados de monitorear y velar por el logro de las iniciativas y objetivos enmarcados en el acuerdo, tendrán un rol activo y podrán mantener periódicamente reuniones que les permitan diseñar, evaluar y monitorear las líneas programáticas derivadas del mismo. el pacto.
El contrato tendrá una vigencia de diez meses, contados a partir de la fecha de suscripción, prorrogables por el mismo tiempo siempre que se verifique el cumplimiento de los objetivos y obligaciones establecidos.
