Jesús Delgado/Latinoamérica21
El Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo publicó su décima edición del Informe sobre la democracia, titulado ¿Desentrañar la era democrática? El documento, compilado con más de 32 millones de datos de 202 países, ofrece uno de los diagnósticos más completos disponibles sobre el estado de la democracia en el mundo. Su conclusión es tan contundente como preocupante: el nivel de democracia para el ciudadano medio ha retrocedido a los niveles de 1978, borrando prácticamente todos los logros de la llamada “tercera ola de democratización” que comenzó con la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974.
El informe documenta que el mundo tiene hoy 92 autocracias y sólo 87 democracias. El hecho más alarmante no es el número de países, sino los porcentajes de población: el 74% de la humanidad (alrededor de 6 mil millones de personas) vive actualmente bajo regímenes autocráticos. Sólo el 7% de la población mundial reside en democracias liberales plenas, la proporción más baja en más de cinco décadas.
El fenómeno que el informe denomina “tercera ola de autocratización” no es una anomalía pasajera, sino una tendencia estructural que se viene consolidando desde hace 25 años y se está acelerando. En 2025, 44 países se encuentran en un proceso activo de autocratización, cifra que contrasta dramáticamente con los apenas doce que registraron esta condición en 2005. Lo verdaderamente sin precedentes, según los autores, es que nunca antes en la historia moderna ha habido tantos países autocratizándose simultáneamente. Este récord histórico sitúa al 41% de la población mundial (3.400 millones de personas) viviendo en países con trayectorias regresivas.
El informe identifica tres dinámicas convergentes: el retroceso democrático en democracias tradicionalmente estables, el colapso de las transiciones democráticas exitosas del siglo XX y el endurecimiento de regímenes que ya eran autocráticos. Esta triple presión constituye lo que los autores llaman la Gran Reversión, comparando el mundo de 2025 con el del año 2000, cuando la dirección del cambio político era exactamente la opuesta.
Para quienes nos dedicamos a la integridad electoral, el informe ofrece una radiografía particularmente reveladora de la salud de los procesos electorales a nivel mundial. La comparación entre 2000 y 2025 en indicadores específicamente electorales es demoledora.
En 2000, 43 países registraron mejoras sustanciales en la calidad de sus elecciones, en comparación con sólo 17 que mostraron un deterioro. En 2025, esa proporción se ha revertido drásticamente: sólo siete países mejoran su calidad electoral, mientras que 22 experimentan deterioros.
significativo. Es decir, en un cuarto de siglo hemos pasado de un mundo donde las elecciones mejoraron en una proporción de 2,5 a 1, a uno donde se deterioran en una proporción de más de 3 a 1.
El Índice de Elecciones Limpias, que mide la libertad, la equidad y la integridad del proceso electoral en su conjunto, está en declive en más de veinte países, con una preocupante concentración de problemas en la autonomía de los órganos de gestión electoral (OE). En 25 países, estas organizaciones registran pérdidas de independencia estadísticamente significativas con respecto al poder ejecutivo. La intimidación gubernamental durante los procesos electorales afecta ya a 21 países, mientras que en al menos ocho se documentan irregularidades en las votaciones.
Este patrón es consistente con lo que los especialistas en autocratización contemporánea llaman engrandecimiento ejecutivo, es decir, la erosión de la democracia ya no a través de golpes militares, sino a través del control progresivo de las instituciones que arbitran la competencia política. El organismo electoral independiente se convierte, en este esquema, en el primer objetivo a capturar o neutralizar.
En el informe, América Latina presenta un panorama que combina señales alentadoras con tendencias profundamente preocupantes. La región es la segunda más democrática del mundo por peso poblacional, con el 71% de su población viviendo bajo alguna forma de democracia. Sin embargo, este agregado esconde una extraordinaria heterogeneidad.
En el lado positivo, el informe registra cambios de sentido (reversiones del proceso de autocratización) en Brasil, Guatemala y Bolivia. En Brasil, la llegada de Lula da Silva al poder en 2022 revirtió el deterioro documentado bajo el gobierno de Bolsonaro, aunque el informe advierte que la polarización social persiste y que las elecciones de 2026 serán decisivas. Guatemala es quizás el caso más notable: después de años de restricciones a la libertad de expresión y a la sociedad civil, la elección de Bernardo Arévalo en 2023 —lograda a pesar de múltiples intentos de anular el resultado por parte de las élites desplazadas— representa un ejemplo de resiliencia democrática frente a presiones extraordinarias. Botswana y Mauricio, aunque están fuera de la región, también ilustran cómo una elección puede revertir una trayectoria autoritaria.
Sin embargo, seis países latinoamericanos se encuentran en un proceso activo de autocratización según el estudio: Argentina, El Salvador, Haití, México, Nicaragua y Perú. El Salvador es el paradigma de la autocratización con fachada electoral: celebra elecciones multipartidistas pero sus puntajes en el Índice de Democracia Liberal lo ubican entre los más bajos de la región. Bajo la presidencia de Bukele, el país registró una caída tan abrupta del índice en el período 2019-2021 que, según los autores, solo es comparable en velocidad a golpes de Estado militares. En 2025, el Congreso salvadoreño abolió los límites a la reelección presidencial, consolidando ese proceso.
México representa un caso de especial relevancia por su tamaño e influencia regional. El informe documenta que desde 2024 se la cataloga como una “autocracia electoral gris”, resultado de la erosión institucional acumulada bajo el movimiento Morena, incluida la controvertida reforma que introduce elecciones populares para el poder judicial, una práctica inédita en las democracias consolidadas y que organismos técnicos internacionales han señalado como
una amenaza a la independencia judicial. Esto sin contar la fallida propuesta de reforma electoral presentada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la actual discusión del conocido Plan B. Los efectos de su aprobación (si ocurre) impactarán la próxima entrega del informe.
El informe confirma una tendencia que presenciamos sobre el terreno: la creciente presión sobre las organizaciones electorales para subordinarlas a las preferencias del gobierno en el poder, la obstrucción y criminalización de los observadores electorales (especialmente los nacionales) y el debilitamiento de los mecanismos de resolución de disputas electorales.
Otro hallazgo del informe es la correlación entre el deterioro de la libertad de expresión y la degradación de la calidad electoral. La libertad de expresión es el indicador más castigado a nivel global –44 países registran deterioros en 2025– y es, no casualmente, el primero que cae cuando un gobierno inicia un proceso de autocratización.
Las elecciones genuinamente competitivas requieren un entorno de información pluralista donde los votantes puedan formar preferencias autónomas. Cuando los gobiernos censuran los medios de comunicación, limitan la expresión académica o someten la comunicación institucional a criterios de lealtad política, las condiciones de la competencia electoral se ven comprometidas, incluso si el acto de votar permanece formalmente intacto.
El Informe V-Dem 2026 deja claro que la celebración de elecciones no garantiza la democracia. Incluso los regímenes no democráticos son cada vez más sofisticados y celebran elecciones sin suspenso, en las que el resultado se conoce de antemano. La trampa del electoralismo –reducir la democracia al acto de votar– es precisamente el mecanismo favorito de los líderes contemporáneos que erosionan el sistema desde adentro.
Fortalecer la autonomía de los órganos electorales, proteger la libertad de prensa y asociación y preservar los controles y equilibrios institucionales no son lujos procesales. Son las condiciones sin las cuales ningún resultado electoral puede considerarse genuinamente legítimo.
