La decisión iraní de impedir el tránsito de barcos por el Estrecho de Ormuz como consecuencia del inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel ha materializado las preocupaciones históricas de analistas geopolíticos y responsables de políticas energéticas respecto a las vulnerabilidades de los sistemas energéticos nacionales, en muchos casos estructurados en redes que trascienden fronteras.
El conflicto pone de relieve dos dimensiones centrales de esta vulnerabilidad. Por un lado, expone la vulnerabilidad de la producción de petróleo y gas en los países de esta región a los conflictos bélicos. Por otro lado, revela la alta dependencia de los países consumidores de flujos de petróleo, gas natural y derivados concentrados en una región históricamente marcada por tensiones geopolíticas, en la que los petrodólares juegan un papel central en la configuración del poder interno y externo de los Estados productores.
A lo anterior se suma, como agravante, la conciencia de la dependencia de los actores del mercado de los corredores logísticos críticos y su inclusión como objetivos en escenarios de conflicto. En este contexto, el Estrecho de Ormuz, uno de los principales cuellos de botella del suministro energético mundial, se revela como un eslabón crítico cuya interrupción revela la instrumentalización de la posición geográfica como arma geopolítica, que genera graves perturbaciones en el suministro energético a escala global y con severas consecuencias económicas.
¿Qué ha pasado?
El 28 de febrero, con el inicio de las hostilidades de Estados Unidos e Israel contra Irán, seguidas de represalias iraníes, los flujos de transporte de petróleo, gas natural y otras materias primas a través del Estrecho de Ormuz quedaron paralizados, impidiendo el transporte de aproximadamente el 19% del suministro mundial de petróleo y el 20% del de gas natural licuado (GNL), forma en la que el gas se enfría y se convierte en líquido para facilitar su transporte a gran escala.
Como consecuencia directa, se generó un déficit de oferta de alrededor de 11 millones de barriles diarios en el mercado internacional. En el caso del gas natural, aproximadamente 286 mil millones de metros cúbicos de GNL también vieron interrumpido su flujo, un volumen comparable a la cantidad que ya no era suministrada por gasoductos desde Rusia a Europa en el contexto inicial de la invasión rusa de Ucrania.
Además, el bloqueo afectó significativamente el suministro de otros derivados asociados a la cadena del petróleo y el gas, como los fertilizantes nitrogenados, el helio y el azufre. La relevancia de los países de Medio Oriente como grandes proveedores de estos productos amplificó los efectos de la interrupción, con repercusiones no solo en el sector energético sino también en cadenas productivas críticas como la agricultura y la industria química.
las consecuencias
Como consecuencia del agravamiento del conflicto, la tendencia a la baja de los precios del petróleo, el gas natural y sus derivados observada a lo largo de 2025 se revirtió abruptamente, dando lugar a un escenario de rápido aumento y volatilidad. Las cotizaciones se dispararon: el precio del Brent, que rondaba los 69 dólares en enero, superó la barrera de los 100 dólares, un aumento que refleja la elevada incertidumbre sobre la duración y la intensidad de las hostilidades.
Los impactos se extendieron rápidamente a escala global con el aumento de los precios de la energía. Los países asiáticos, que representan casi el 80% de las exportaciones de petróleo y el 90% de las exportaciones de gas natural en Medio Oriente, se han visto particularmente afectados, enfrentando presiones sobre el suministro, aumento de costos y la adopción de medidas de emergencia, como controles de precios, aplicación de subsidios al consumo y medidas de racionamiento, así como otros incentivos para reducir el consumo de energía. Sin embargo, los efectos ya se están sintiendo en Europa y partes de África, con una tendencia a empeorar en el corto plazo a medida que los instrumentos temporales de mitigación comienzan a agotarse.
Ante este escenario, se han adoptado diferentes medidas para contener la volatilidad y reducir el déficit de oferta. El gobierno de Estados Unidos ha enfatizado el carácter temporal de sus acciones militares, mientras que ocasionalmente ha relajado las sanciones al petróleo ruso e iraní para abastecer a grandes mercados consumidores, como la India. Los países del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, han redirigido parte de sus exportaciones por rutas alternativas utilizando oleoductos que evitan el Estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, los países de la OCDE acordaron la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo. En conjunto, las estimaciones más optimistas indican que estas iniciativas han permitido reducir parcialmente el déficit de oferta hasta alrededor de 8 millones de barriles diarios, cifra superior al consumo de toda América Latina y el Caribe durante 2024.
A pesar de las medidas adoptadas, existe la percepción de que el mercado aún no ha interiorizado plenamente la gravedad de la situación. Incluso con la continuidad del alto el fuego anunciado el 7 de abril, la reanudación de las operaciones de producción de petróleo, gas y derivados en algunos países y la recuperación de los flujos de transporte pueden tardar meses en normalizarse las actividades.
Si hubiera una prolongación y una escalada del conflicto con mayores efectos en la infraestructura energética crítica de la región -algo que los países productores de
El Golfo ha tratado de evitarlo al no involucrarse militarmente: el escenario podría evolucionar hacia una crisis energética con impactos económicos mucho mayores que los observados en experiencias anteriores, como el embargo petrolero de 1973 o el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. En este contexto, los precios de referencia del petróleo, el GNL y sus derivados podrían elevarse a niveles aún más altos, con el potencial de causar destrucción de la demanda y presionar a la economía global hacia un aumento de la inflación y un escenario recesivo.
Alternativas
Así, los acontecimientos en Oriente Medio obligan a los países importadores de petróleo, gas y derivados a prepararse para navegar el actual contexto de incertidumbre provocado por el conflicto en los mercados energéticos y a tomar disposiciones para gestionar los impactos que ya se están trasladando a los costes de los combustibles y otros productos.
En este sentido, la respuesta a la crisis, si continúa, debe combinar medidas de corto y largo plazo. En el corto plazo, es esencial que los países importadores adopten mecanismos que reduzcan la exposición a shocks de oferta, especialmente protegiendo a las poblaciones de bajos ingresos, que tienden a verse afectadas desproporcionadamente por los aumentos de los precios de la energía.
En el mediano y largo plazo, es fundamental avanzar en la diversificación de las fuentes de suministro de petróleo y gas natural, priorizando, siempre que sea posible, asociaciones con regiones más estables, aunque esto implique mayores costos en el corto plazo.
Los países más expuestos al shock de oferta deben intensificar sus esfuerzos para diversificar sus matrices energéticas, aumentar la eficiencia y promover la difusión de fuentes de menor intensidad de carbono.
Sin embargo, estas estrategias deben implementarse de forma paulatina y aprovechando las oportunidades disponibles según las condiciones de cada país y las rutas tecnológicas existentes. Esto se debe a la persistente centralidad del petróleo y el gas natural en el suministro energético mundial, cuya sustitución no es trivial. Sectores como el transporte pesado, la aviación, la navegación marítima y la industria petroquímica siguen dependiendo en gran medida de estos recursos, dada la limitada disponibilidad de alternativas tecnológicas competitivas a gran escala.
En este contexto, si bien la electrificación avanza como una de las principales estrategias de descarbonización en diversos segmentos de la economía, su aplicación sigue limitada precisamente en las zonas de transición más difíciles, lo que refuerza la necesidad de enfoques graduales que combinen seguridad energética y sostenibilidad.
En resumen, más que una perturbación temporal, el conflicto actual expone los límites estructurales de un sistema energético anclado en la concentración geográfica de recursos y la dependencia de rutas críticas. En este escenario, la seguridad energética vuelve a afirmarse como eje central de las decisiones estratégicas, lo que requiere un enfoque
más equilibrado entre costes, resiliencia y gestión de riesgos en un contexto global cada vez más marcado por la incertidumbre.
