NUEVA YORK.- Los dominicanos que residen en el Bronx con familiares, amigos y relacionados que residen en Atlanta, un estado de Georgia, muestran preocupación por la nueva medida de inmigración de exigir información de los inquilinos a los propietarios de bienes raíces donde viven.
Los Quequeyanos argumentan que en Atlanta residen más de 10 mil nacionales, siendo más del 90 % con apartamentos alquilados.
La inmigración exige a los propietarios de apartamentos que entreguen contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío, tarjetas de identificación y otra información sobre sus inquilinos, una señal de que el gobierno del presidente Donald Trump ha dirigido su atención hacia ellos para incluirlos en deportaciones masivas.
Especifican que varios suburbios y áreas circundantes también contribuyen a la concentración de Quisqueyanos. Gwinnett, destacado, es el condado con la mayor cantidad de dominicanos, indica en los documentos.
Algunos expertos legales y administradores de propiedades dicen que las demandas plantean serias preguntas legales porque no están firmados por un juez y que si los propietarios cumplen con ellos, podrían arriesgarse a violar la ley de vivienda justa, lo que prohíbe la discriminación contra la raza, el color o el origen nacional.
Los críticos también dicen que es probable que los propietarios se sientan intimidados para cumplir con algo que un juez no ha ordenado, mientras que la persona cuya información se solicita nunca puede descubrir que sus registros privados están en manos de las autoridades de inmigración.
Indican que la prensa nacional ha publicado que el abogado de Atlanta, Eric Teusink, dijo que varios clientes de sus cartas recientemente recibieron documentación completa sobre sus inquilinos. Una solicitud de alquiler puede incluir el historial laboral, el estado civil y las relaciones familiares.
Teusink dijo que sus clientes estaban confundidos por los últimos requisitos. Después de consultar con abogados de inmigración, concluyó que el cumplimiento es opcional. A menos que estén firmados por un juez, las cartas son básicamente solo un oficial que hace una solicitud.
Entre los dominicanos que muestran preocupación se encuentran Andrés Matos, Tomas Fernández, Vilma de Rodríguez, Ana Ruiz, Salvador Matías, Leonardo Torres y Emilio Rojas, entre otros.
