Por Julio Caraballo
Santo Domingo – El Ministerio Público solicitó el lunes 18 meses en detención preventiva como una medida de coerción contra ocho oficiales activos y dos empresarios, acusados de formar parte de una supuesta red de corrupción que, según el archivo, utilizó métodos fraudulentos para obtener licitaciones relacionadas con la seguridad en varias instituciones estatales.
Según la acusación, los involucrados habrían pagado sobornos para otorgar contratos públicos. Entre las instituciones supuestamente utilizadas por esta red están EDEESTE, EDESUR, EDENORTEél National Health Insurance (Senasa) y el Instituto Nacional para la Atención Infantil Integral (INAIPI).
El archivo, que cubre los eventos que ocurrieron desde 2012 hasta enero de 2025, señala que en el total de sobornos se les pagó por más de 108 millones de pesos.
La audiencia, presidida por el juez de atención permanente, Rigoberto Sena, se celebra por segunda vez, después de que fue pospuesto la semana pasada para permitir a los abogados defensores estudiar la acusación y preparar su estrategia legal.
Hasta ahora, la audiencia continúa y no se ha emitido una decisión definitiva. El magistrado está escuchando los argumentos de la defensa, quienes afirman que su representación actuó de acuerdo con la ley.
La decisión final del juez determinará el curso legal que seguirá a los involucrados en este caso, que ha generado gran atención para el supuesto uso de recursos públicos en beneficio de un grupo pequeño.
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