SANTO DOMINGO. – En el marco del Día de los Derechos Humanos, comunidades urbanas, acompañadas de la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, se manifestaron frente a Palacio Nacional exigiendo el fin de los desalojos forzosos en territorio nacional.
Se ubican los sectores de Freddy Beras Goico en Los Alcarrizos, La Ciénega y Los Guandules en Domingo Savio, La Mina en San Isidro, Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este, Arroyo Lindo en el Distrito Nacional, Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y Libertad. en el distrito municipal La Caleta, en Boca Chica, reivindicaron su derecho a una vivienda digna, como lo establece el artículo 59 de la Constitución dominicana.
«En La Mina no recibimos ninguna información previa de que se iba a realizar un desalojo, solo dijeron que el Estado entregó el terreno a la Fuerza Aérea, y que por eso los tuvimos que desalojar inmediatamente y expulsaron alrededor 600 familias que se habían establecido en la zona 5, 10, 15 y hasta 20 años. Un espacio donde el propio Estado ha construido infraestructura urbana, lo que implica un reconocimiento del hábitat”, declaró Esther Soriano, portavoz de la comunidad.
Para los manifestantes, el gobierno es responsable de las condiciones en las que viven las familias desalojadas. “Las familias del barrio Freddy Beras Goico viven desde hace cuatro años en una escuela abandonada, sin acceso a servicios básicos y en condiciones de hacinamiento, sin respuestas a los abusos y abusos cometidos”, informó Tomás Moya, representante del sector.
La historia se repite en Arroyo Lindo, donde 250 familias fueron despojadas de sus viviendas el 6 de diciembre de 2022. «Llegaron a las 4 de la mañana con grúas y soldados para derribar nuestras casas. No nos dejaron sacar nuestras pertenencias, nos trataron con violencia y hasta lastimaron a la gente. Llevábamos 11 años viviendo en el sector y había servicios públicos, entonces éramos una comunidad reconocida por el Estado”, comentó Beatriz Ureña, vocera del sector.
Asimismo, denunciaron cómo los habitantes de los barrios La Ciénega y Los Guandules en el proyecto Nuevo Domingo Savio han sido víctimas de la misma práctica. «Se ha vendido a la sociedad dominicana la idea de que están compensando justamente a los residentes, pero ese no es el caso. Si no firmas porque no estás de acuerdo con el precio que te están dando por tu vivienda o negocio, no hay lugar para negociar, sino que te obligan a aceptar lo que te ofrecen.
Violando su compromiso con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que ninguna de las familias puede quedar sin ser reubicada en un hogar similar en caso de un desalojo forzoso. «Este supuestamente era el gobierno del cambio y estamos peor que antes», comentó Luis Reyes, comunero afectado por el proyecto Los Guandules.
«En Nueva Jerusalén, desde 2023 miembros de la Fuerza Aérea interrumpen la zona para desalojar a familias sin información previa. La primera vez entraron con palas y casas derribadas ya construidas y en construcción, sin ningún tipo de comunicación formal con los propietarios.
Luego, el domingo 19 de marzo desalojaron violentamente 3 casas habitadas, provocando heridos entre las familias afectadas, todo esto sin ningún tipo de justificación”, dijo Mercedes de Jesús, portavoz de la comunidad.
Por su parte, lugares como Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y Libertad, ubicados en el municipio de La Caleta, en Boca Chica, se encuentran bajo amenaza de desalojo desde el año pasado. «Hemos estado dando seguimiento a las comunicaciones que han enviado con abogados, pero no nos han dado información concreta ni se han acercado a hablarnos de una posible alternativa», dijo uno de los comunitarios de las zonas amenazadas.
Los comunitarios estuvieron acompañados por la comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, quienes han dado seguimiento a cada una de las comunidades.
«Las comunidades que tienen más de 10 años, que cuentan con servicios e infraestructura pública como acueductos, electricidad, escuelas, hospitales, iglesias, recolección de residuos sólidos, calles, aceras y otros, no pueden ser catalogadas como “invasoras”, ya que están reconocidas. por el mismo Estado que sectores establecidos», expresó Sócrates Peguero, presidente de la Red
Urbana Popular y representante de la comisión.
Entre sus demandas solicitan el cese inmediato de los desalojos forzosos, indemnizaciones a las familias afectadas, políticas públicas inclusivas de vivienda, la implementación del Plan Decenal de Vivienda, retomar el proceso de declaración de utilidad pública de los terrenos habitados desde hace años por familias que son reclamados. por particulares así como continuar con el Plan Nacional de Titulación de terrenos habitados por familias, por un período considerable, y que pertenecen al Estado.
