Santo Domingo.- El conflicto legal entre la empresa de cemento asfáltico Sargento Petróleo (SP) y el Estado dominicanose encuentra en el Corte Suprema de Justiciasegún el abogado Enmanuel Esquea Guerrerorepresentante del Estado en la solicitud de cancelación del contrato No. 25-2003suscrito en 2003, así como la adenda XIII al citado contrato y el contrato No. 13-2016, de fecha 10 de mayo de 2013.
“El caso está en la Corte Suprema de Justicia y cuándo será la sentencia… eso es impredecible, porque los jueces se toman su tiempo. El proceso avanzado, El proceso se encuentra en recurso de casación. Y luego esperamos que pronto haya sentencia”, afirmó el jurista.
Esquea Guerrero Señaló que este fallo podrá decidir que el caso sea nuevamente conocido.
En este proceso que lleva más de dos años en los tribunales, el Estado dominicano también solicita a la condena conjunta y solidariamente a Sargeant Petroleum y a Mustafa Abu Naba’a; la devolución de 176,9 millones de dólares pagados en exceso y 33,1 millones de dólares en exceso durante los años 2003-2013 en el transporte de 149,6 galones de AC-30; la suma de 53,9 millones por excesos pagados por el almacenamiento del material entre los años 2003-2013; y el monto de 89,9 por valores pagados de 2013 a 2020 en almacenamiento AC-30.
Litigios internacionales
El proceso judicial iniciado por el Estado dominicano el 25 de julio de 2022provocó como respuesta que la empresa que Sargeant Petroleum denunciará a República Dominicana ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial pidiendo una indemnización por 88,3 millones de dólares en daños derivado de la terminación de un contrato suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el año 2017 y finalizado por el Gobierno dominicano en noviembre del año 2020.
“La empresa solicitó un arbitraje internacional y ese arbitraje está ahí, hasta la última información que me dieron los abogados que llevan el caso en Estados Unidos… me dijeron que La empresa había solicitado la suspensión del proceso a la espera de que se decida aquí en el paísentonces eso está paralizado ahí”, explicó Esquea Guerrero.
El abogado agregó que este pedido de la empresa de esperar a que los altos tribunales dominicanos emitan la sentencia ha provocado que los árbitros paralizar el conocimiento del arbitraje.
“Ese es un contrato perjudicial para el país. Durante 20 años, esa empresa se benefició fraudulentamente de una serie de funcionarios venales que gestionaron esa situación. Y este Gobierno decidió entonces recuperar, diríamos, la dignidad del Estado”, concluyó.
