SANTO DOMINGO.– La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa aplaudió la reciente liberación de recursos de la reserva legal, que incluye una tasa fija inferior al 10% durante los primeros siete años, como apoyo directo al sector de la construcción.
Sin embargo, señaló que els MIPYMES Se enfrentan a dificultades para acceder a estos fondos.
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Eliseo Cristofer, presidente del gremio, explicó que el año pasado a pesar de que se liberaron fondos por casi 90 mil millones, estos no llegaron a las mipymes por problemas en los mecanismos de distribución y requisitos restrictivos.
Cristofer enfatizó la necesidad de medidas adicionales que faciliten la acceso al credito. Propuso la creación de mecanismos especializados para MIPYMES empresas constructoras como medidas tributarias diferenciadas para que las pequeñas empresas puedan formalizarse.
Señaló que las medidas que flexibilicen el acceso a las MiPymes por parte de las entidades financieras y la Superintendencia de Bancos permitirán que los fondos liberados lleguen a las empresas y proyectos que los necesitan.
Por su parte, Margarita Roa, abogada y especialista en el sector de la construcción, señaló que estos fondos, divididos entre vivienda de interés social y créditos provisionales, generarán un impacto positivo.
Explicó que del total de la liberación, el 40% se destina exclusivamente a la construcción de viviendas de interés social.
El 60% restante se divide entre préstamos provisionales y adquisición de viviendas nuevas con un límite máximo de RD$15 millones.
Esta iniciativa permitirá a las familias acceder a financiación con tipos de interés reducidos, fijados por debajo del 10% durante los siete primeros años, lo que abre nuevas oportunidades para adquirir viviendas en plazos asequibles.
Señaló que uno de los principales desafíos identificados es la formalización del sector MiPyME de la construcción, caracterizado por una alta informalidad. Señaló que muchos propietarios de pequeñas empresas enfrentan barreras para acceder a los beneficios debido a la falta de registro y cumplimiento de los requisitos fiscales.
Además, destacó la necesidad de crear mecanismos especializados que fomenten la participación de estas empresas en los planes gubernamentales de vivienda, como financiamiento adecuado, acceso a tecnología y recursos dedicados.
